Niños no pueden ser asesinos

El intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay, registrado el pasado sábado 7 de junio en Bogotá, encendió de nuevo una alarma que no podemos dejar pasar por alto. No solo por la brutalidad del hecho, sino por el perfil del agresor, un menor de solo 14 años, que en Colombia es considerado un niño.

Este autor del crimen es un adolescente que, lejos de estar en un aula de clases o compartiendo con sus amigos, estaba aquella tarde empuñando un arma para matar a un precandidato presidencial. Este no es un caso aislado, es un problema social que se repite en distintas ciudades del país.

Según datos registrados por la Defensoría del Pueblo, a través de sus 42 regionales en el país, el año pasado 409 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado por grupos armados ilegales, lo que representa un aumento significativo respecto a los 342 casos registrados en 2023.

Los datos evidencian, asimismo, una concentración de eventos de reclutamiento en ciertas regiones del territorio nacional, particularmente en zonas históricamente azotadas por el conflicto armado. El Cauca, con 300 casos reportados, fue el departamento más afectado. En el Valle la cifra fue de 18.

Gran parte de estos menores reclutados son utilizados para cometer delitos graves, como lo es el homicidio, pues por tener menos de 18 años los instrumentalizan porque tienen una serie de ventajas comparativas en términos legales frente a los adultos.

Expertos en la materia sostienen que lo que se debe hacer para evitar casos de menores asesinos, no es aumentar las penas contra ellos, sino que el esfuerzo debe ser prevenir que estos sean reclutados.

En Colombia las únicas conductas para las que procede medida de internamiento inmediato para los adolescentes, son las que se refieren a los delitos de homicidio y secuestro en todas sus modalidades. También ocurre lo mismo con la extorsión en sus diversas formas. Para los demás delitos las sanciones solamente serán socio-educativas.

Con estas medidas lo único que el país ha logrado es dejar a los adolescentes con total libertad e impunidad frente a la comisión de otros delitos, cuya gravedad requeriría una sanción drástica que permita ser ejemplo para otros jóvenes que puedan estar con intenciones de delinquir.

Pero la solución no puede ser solamente punitiva. No se resuelve solo con más castigos, sino con más presencia en todos los rincones del país, especialmente en los más alejados. Con más Estado en los barrios, con políticas de prevención, educación y oportunidades. Cada niño que se convierte en sicario es una prueba del fracaso colectivo y muestra de las repercusiones de permitir que los grupos ilegales ocupen el lugar que deberían tener las instituciones, algo común en Colombia.

Las autoridades están en la obligación de desmantelar con prioridad las redes criminales que utilizan menores y debe haber justicia ejemplar para quienes reclutan a estos niños.

Así mismo, se tienen que garantizar unas políticas públicas que acompañen y brinden alternativas reales para quienes, sin saberlo en muchos casos, están siendo llevados a matar y morir antes de convertirse en personas adultas.