La emergencia de La Guajira

El atraso que padece La Guajira requiere de medidas contundentes que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizar que los recursos públicos lleguen a donde se necesitan y enfrentar la corrupción, que es el peor de sus males. La cuestión es si para cumplir con esos deberes inherentes al Estado es indispensable declarar una emergencia económica y social, como lo ha hecho el gobierno de Gustavo Petro.

Primero fue la decisión de despachar durante esta semana desde La Guajira, sin duda una forma de representar el acompañamiento del Gobierno a ese departamento y su compromiso para resolver sus graves problemas. Nadie puede negar que se trata de una de las regiones más pobres del país, con más necesidades insatisfechas, aun cuando tiene una enorme riqueza en recursos naturales, de la que poco se beneficia.

Es también innegable el robo continuado del erario, las promesas incumplidas de llevar los más elementales servicios públicos, comenzando por el agua potable y el servicio de salud, y el abandono que por décadas ha padecido su población. Los guajiros se merecen que sin más demoras se les lleve el progreso y que lleguen las oportunidades tantas veces ofrecidas.

En concepto del actual gobierno, la única forma de enfrentar la situación es declarando la emergencia económica y social, una medida extraordinaria a la que se recurre cuando se considera que hay hechos de fuerza mayor que perturben o amenacen de forma grave al Estado, como ocurrió en 2020 con la pandemia del Covid-19. Bajo esa declaratoria, por periodos que no pueden exceder los 30 días y por no más de 90 días al año, se pueden dictar decretos que tienen fuerza de ley, sin necesidad de pasarlos por el Congreso de la República.

Sin desconocer la gravedad de la crisis que vive esa región colombiana, hay dudas razonables sobre si era necesario declarar esa emergencia, más aún cuando no están claros sus reales alcances ni los motivos son distintos a los que siempre se han conocido y han impedido el desarrollo de La Guajira. Para conjurar la desidia, la indiferencia y el abandono con los que se ha tratado a su población, lo que se debe hacer es blindar los recursos públicos, garantizar la realización de las obras, combatir la corrupción y castigar a quienes se han aprovechado de sus necesidades.

Frente a la expectativa generada, es obligación de los colombianos tener los ojos encima de las decisiones que a partir de ahora tome el presidente Petro, mientras es deber de los organismos de control, así como de la Corte Constitucional, ejercer una rigurosa vigilancia para que no se extralimiten las funciones que otorga la declaración de la emergencia económica y social para La Guajira.

Es una medida excepcional, que debe quedarse en exclusiva y de forma temporal para ese departamento, y bajo ningún aspecto puede extenderse al resto de la Nación, ni mucho menos utilizarse para decretar reformas que se hayan hundido en el Legislativo.