Entre fugas y motines

La situación en los centros de detención en Cali está sobrediagnosticada. Se sabe del hacinamiento en esos lugares de reclusión transitorios, del peligro que representa mantener durante meses o incluso años a detenidos y sindicados sin que su situación se resuelva, así como del riesgo en que se pone a las comunidades aledañas. El responsable de lo que ahí pasa es el Municipio, pero las soluciones siguen sin llegar ni se aforan los recursos mínimos que se requieren para encontrar alternativas.

El lunes de esta semana se presentó una nueva fuga en el centro de detención de San Nicolás, una vieja casa ubicada en un barrio del Centro que tiene la doble vocación de ser residencial y comercial. No es la primera vez que quienes están recluidos en el lugar se amotinan, se escapan por entre los techos de las casas aledañas y asustan a los vecinos, que con razón se sienten en peligro.

Igual ha ocurrido en la Estación de Policía de La Flora, en algunas del oriente de la ciudad o en otros lugares adaptados para ser reclusorios de tránsito, que apenas tienen la mínima capacidad para alojar a detenidos, pero hoy están desbordados. Se debe recordar que en algunos de ellos el hacinamiento llega al 1950%, como es el caso de la Estación de Los Mangos, o sobrepasa el 1000% como en Desepaz, el Lido, Fray Damián y el Guabal.

Es un problema mayor que si bien no es exclusivo de Cali, sí es responsabilidad y demanda de acciones urgentes del Gobierno local al menos para reducir su impacto. Sin embargo, como ocurre con otros asuntos del municipio, las respuestas no llegan, o si lo hacen están plagadas de evasivas y de plazos que no se cumplen, como ocurre con los anuncios sobre la construcción o adecuación de un lugar en el norte de la ciudad para albergar a 1800 detenidos, que del que no se sabe dónde estará ubicado o cuándo estaría listo.

Cualquier decisión que se tome para aliviar la sobrepoblación en los centros de detención transitorios es urgente y debe tener proyección a futuro. No se puede olvidar que Cali es una ciudad con los más altos índices de inseguridad y violencia, por lo que a diario se capturan presuntos delincuentes o criminales que van a parar a esos lugares de reclusión, mientras el saturado sistema judicial parece incapaz de agilizar los procesos para resolver la situación de esos miles de detenidos.

Los caleños, en particular quienes residen cerca de estaciones de Policía o reclusorios de tránsito y se encuentran en riesgo por los amotinamientos o fugas, esperan que esas soluciones lleguen cuanto antes. Al menos las que están en manos del municipio, toda vez que mientras la Justicia no sea eficaz y la saturación carcelaria que es del orden nacional no tengan respuesta, la crisis no se superará por completo.

Desactivar las bombas de tiempo en que se convirtieron las cárceles transitorias de Cali es inaplazable, como lo es velar por los derechos constitucionales de quienes están detenidos y en primer lugar proteger a las comunidades que hoy se encuentran expuestas.