Control notarial

Por la confianza que han depositado los colombianos en el servicio notarial, no en vano considerado el guardián de la fe pública, es imprescindible que esa actividad fundamental para la sana convivencia y la estabilidad social se revista de total transparencia.

No debe caber la más mínima duda en las actividades y deberes que ejercen estos funcionarios, por más que lo hagan como personas naturales, a la hora de certificar, autenticar, validar o dar fe del acto libre y espontáneo que dos o más personas ejercen mediante la firma de un documento público.

Es por eso preocupante que en la serie de informes que viene publicando la Unidad Investigativa del diario El País sobre el robo de predios en Cali, casi siempre un acto delictivo esté precedido de una actuación dudosa, una falsedad o un hecho de corrupción sucedido en alguna notaría de la ciudad.

No habría sido posible que en el Oeste de Cali, a menos de cien metros de la Estatua de Sebastián de Belalcázar, se robaran parte de un edificio si no es porque en la Notaría 18 autenticaran como reales tres poderes falsos, pese a que nunca se presentó en esa oficina el propietario del bien inmueble para registrar su huella, su fotografía ni su firma.

Con esos mismos poderes en la Notaría 7 de la capital del Valle, y sin que nadie se percatara de que la foto en los documentos era una fotocopia de la cédula del propietario, se protocolarizaron las escrituras con las que luego la Oficina de Instrumentos Públicos inscribió a un falso comprador como el nuevo dueño de parte del edificio.

Peor aún, que a un comerciante lo hayan estafado con la compra de una vivienda cerca al parque de La Alameda, mediante una escritura falsa que reposa en el libro de protocolo de la misma Notaría 7, y que como denunció El País, ese número de escritura correspondía en realidad a un levantamiento de hipoteca que fue arrancado del libro original para insertar con ese mismo número un documento falso de una supuesta dación en pago con la que estafaron a la víctima.

Cualquier acción por omisión o corrupción en el interior de una notaría genera situaciones caóticas y no puede quedar como simple error o saldarse con una disculpa un hecho en el que una persona ha sido despojada de los bienes por los que, incluso, ha trabajado toda su vida.

Llevar a la digitalización total de los trámites notariales en Colombia es una necesidad impostergable; como también es necesario que mientras ese proceso se realiza, haya control real y efectivo de la Superintendencia de Notariado y Registro con sus disciplinados.

Sobre todo cuando la gente siente hoy que no tiene a quién recurrir en busca de ayuda para evitar que, como ha denunciado la Unidad Investigativa de este diario, sean despojados de sus viviendas por más que un certificado de tradición los avale como propietarios.

El trámite notarial es un acto de confianza y lo peor que le puede ocurrir a nuestra sociedad es que quede en tela de juicio la credibilidad de quienes son hoy los salvaguardas de la propiedad privada.