Consulta innecesaria

La publicación de las doce preguntas que el Gobierno Nacional piensa incluir en la consulta popular avivó el debate sobre la pertinencia de recurrir a ese mecanismo de participación ciudadana para validar la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

En primer lugar, porque ese listado incluye temas sobre los que los colombianos ya están claros, como que la jornada de trabajo diurno no exceda las ocho horas, u otras ante las cuales el ciudadano común no se va a expresar de manera negativa, como el hecho de que “se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo”.

Pero, más allá de que eso sea positivo o no para la mayoría de la población en el corto plazo, es evidente que muchas personas no tienen suficiente conocimiento de las implicaciones que esta última propuesta podría tener para los generadores de empleo en el país, lo que debe llamar a la reflexión sobre si son ellas, con su voto en la consulta, quienes deben tomar decisiones en torno al futuro de la economía nacional.

Por eso tienen razón quienes afirman que el Congreso es el escenario en el que se deben definir esos asuntos, tras analizar en profundidad pros y contras de iniciativas como la que promueve “la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general”.

De ahí que ahora muchos cuestionan que los integrantes de la Comisión Séptima del Senado hayan negado la posibilidad de que esa corporación estudiara el contenido de la reforma laboral propuesta por la Casa de Nariño, para luego votarla negativamente, pero explicándoles a los colombianos por qué creen que buena parte del contenido de la misma no contribuye a que el país tenga una economía sana.

Lo cierto es que dicho proceder terminó por abrir la puerta para que el Ejecutivo recurriera a una alternativa que bien ha sido calificada de populista, porque inclina la balanza hacia el lado de los trabajadores, desconociendo deliberadamente que sin inversión y sin industria no puede haber empleo de calidad ni más plazas laborales.

Por eso resulta oportuno el llamado que ahora sí está haciendo el Presidente del Congreso para que el cuestionario propuesto por el Gobierno Nacional para la consulta popular sea analizado en términos de proyectos de ley que se puedan concertar entre las diferentes fuerzas políticas con asiento en el Legislativo, a fin de solucionar evidentes problemas que hoy registra el ámbito laboral en el país.

Ese es el camino natural que deben seguir estas iniciativas, en lugar de insistir en un mecanismo de participación ciudadana que resultará supremamente costoso en momentos en que las finanzas de la Nación están bastante diezmadas, lo que ya ha afectado de manera grave a sectores como la salud, la educación e incluso el deporte.

Ante un Ejecutivo que está presto a tratar de sacar réditos políticos de cualquier situación para intentar ocultar sus deficiencias, es de esperar que los congresistas tengan presente que los colombianos los eligieron para debatir y votar con rigor las iniciativas puestas a su consideración, y no para desecharlas o aceptarlas según sus conveniencias políticas.