Consenso por la educación

La reforma estatutaria a la educación, a la que le falta el último debate en plenaria del Senado para ser ley, no tiene todas las de ganar como se supone luego de los acuerdos alcanzados entre las diferentes bancadas políticas en la Comisión Primera. Los consensos satisfacen a la oposición, levantan ampollas en el oficialismo y no le gustan al sindicato de maestros. A ninguno se le debe olvidar que lo fundamental es lograr un sistema que les llegue a todos y con la calidad debida.

Cuando parecía que al menos este proyecto presentado por el Gobierno Nacional tendría vía libre antes de finalizar la actual legislatura, las sombras volvieron a posarse sobre los cambios que requiere la educación colombiana. La aprobación por unanimidad en tercer debate fue posible tras las modificaciones consensuadas al articulado, logradas gracias al diálogo abierto entre la ministra Aurora Vergara y los congresistas opositores, quienes demostraron que sí es posible conciliar posiciones.

Sin embargo, por fuera del recinto no todos estuvieron de acuerdo con lo pactado. Asuntos como la autonomía universitaria, que se mantuvo pese a las propuestas para que los rectores fueran elegidos por voto popular y no por el Consejo Directivo; preservar el carácter mixto, no solo el público, del sistema educativo nacional; reconocer la educación terciaria y garantizar su articulación con la formación secundaria, por ejemplo, dejaron sinsabores en varios senadores del Pacto Histórico y provocaron el llamado a una asamblea de Fecode, el sindicato de maestros, para definir si se van a paro.

Qué pasará en el debate final es lo que hoy se pregunta la mayoría. El que fue un ejercicio milimétrico para lograr acuerdos profundos, que evitaran por un lado una nueva derrota del Ejecutivo, pero además permitieran la construcción de la primera de muchas reformas que, sin duda, requiere la educación en Colombia, puede diluirse en la plenaria del Senado si el oficialismo no cede en sus pretensiones extremas.

Conseguir que la educación sea un derecho fundamental en el país, desde la primera infancia hasta la formación profesional, tiene que ser un propósito común. Pero no se puede hacer pasando por encima de lo construido, renegando de lo privado y asfixiándolo hasta acabarlo como se ha pretendido, o sin garantizar la calidad de quienes ejercen la docencia y se encargan de formar a las nuevas generaciones.

La educación tampoco se puede convertir en un instrumento puesto a disposición de unas ideologías políticas o para ser usado en favor de unos y como forma de coacción para otros. Cerrar las brechas para el acceso al sistema, que este sea inclusivo, modernizarlo para que responda a las necesidades reales de la Nación y asegurar la calidad de la formación educativa en cualquiera de sus niveles, tienen que ser los objetivos exclusivos.

De ello no pueden olvidarse quienes tienen en sus manos la decisión final sobre la reforma estatutaria a la educación en la Plenaria del Senado. Si se aprueban los 44 artículos del texto, con las modificaciones que se hicieron de manera consensuada, y se logra después la conciliación entre las dos cámaras legislativas, se estará demostrando que cuando se trata del bien para los colombianos, el gobierno, la oposición, el oficialismo y los diversos estamentos de la sociedad pueden ponerse de acuerdo.