Seguridad pública prioritaria

Hay temas cruciales en el debate político contemporáneo en el mundo. La seguridad es claramente uno de ellos. Aunque el sentimiento de inseguridad es un tema compartido por la ciudadanía, que se siente amenazada por una criminalidad difusa, es un tema ideologizado al extremo en el debate público, como es evidente en la polarización que se manifiesta en las redes.

Para algunos, la solución a la inseguridad está en el autoritarismo extremo, militarista, sobre los delincuentes, mientras que otros reclaman su inclusión, de manera impune y sin el debido control social y estatal. En el fondo, hay una gran confusión sobre el significado de la seguridad pública y poca investigación académica sobre su trayectoria, avances, obstáculos y alternativas de política pública.

He conocido un importante Código de Policía promulgado hace más de cien años por el entonces gobernador del Valle del Cauca, Ignacio Rengifo Borrero (Ordenanza # 50 del 26 de abril de 1920). Para entenderlo, seguramente hay que hacer referencia al contexto de la hegemonía conservadora y al gobierno de Marco Fidel Suárez. Pero es indudable que lleva la impronta intelectual de este gobernador, conservador, católico y defensor del orden y la legalidad. Según la Ordenanza, la Policía tiene por objeto “... hacer efectiva la ejecución de las disposiciones legales que garantizan el orden y la tranquilidad social, la moralidad, el respeto a las propiedades, y la seguridad y bienestar de todas las personas”. El jefe de la policía es el gobernador, los prefectos de las provincias, los alcaldes y los inspectores de policía, cada uno es su respectivo territorio. Distingue entre la seguridad de las personas, la seguridad de las propiedades, urbanas y rurales, énfasis distintos en la policía sanitaria y de higiene, del trabajo, de las vías públicas, de las costumbres, del culto y la beneficencia, de espectáculos y diversiones, entre otros. Distingue entre una policía preventiva de los delitos, una policía actuante sobre los hechos punibles y una policía judicial que lleva los casos a la Justicia. En suma, muchos temas que siguen siendo hoy válidos, a pesar de los cambios en el conflicto, la violencia y la criminalidad. Ciertamente, adolecemos de intelectuales-políticos de la talla de Rengifo.

Fortalecer hoy la seguridad pública es de interés ciudadano. En esta tarea, la Policía juega un papel crucial y los ciudadanos deben depositar en ella confianza y credibilidad, temas de los que hoy adolece, especialmente por el manejo ilegal de la fuerza y armas en algunas oportunidades. Cierto, como institución debe ser de carácter civil, dependiente del gobernador, alcalde o inspector, según sus jurisdicciones territoriales. Es a ellos a quienes la policía debe responder en el cumplimiento de sus funciones. En casos extremos, también definidos por la ley, puede buscar apoyo en las Fuerzas Militares, pero estas tienen un carácter y una misión distintos. Históricamente, en Colombia, en lugar de fomentar la diferenciación funcional entre Ejército y policía, esta se ha desdibujado, bajo un mismo mando ministerial. El Ejército ha vigilado las calles y los centros comerciales, mientras que la policía ha combatido grupos armados organizados en el campo. Sigue siendo pertinente diferenciar entre la seguridad de las personas, de las propiedades, urbanas y rurales, y los temas de interés colectivo, como el tráfico vehicular, los mercados o los espectáculos públicos. La relación entre la prevención del crimen, la detención de personas y su remisión a la justicia, sigue siendo fundamental y precaria. Hoy en día, en la seguridad pública se cruzan derechos colectivos a la protesta que son legítimos, pero se deben hacer compatibles con los derechos a la movilidad y al trabajo.