¿Para qué el acuerdo con Venezuela?

La semana ante pasada fuimos sorprendidos por la firma de un memorándum de entendimiento entre Colombia y Venezuela cuyo propósito es la creación de una ‘zona de paz, unión y desarrollo binacional’. Nicolás Maduro, entusiasmado, hizo la presentación respectiva y Alfredo Saade, el jefe de gabinete presidencial, declaró con cinismo que el trato fue suscrito con un gobierno legítimamente elegido por el pueblo de Venezuela.

Ante el hecho, varios juristas locales reaccionaron indicando que el acuerdo es un saludo a la bandera al carecer de ley aprobatoria expedida por el Congreso. Quienes piensan así están equivocados. Los instrumentos que expresan voluntad política de los gobiernos pueden producir impactos determinantes al direccionar recursos públicos e impulsar acciones concretas.

Como antecedente, es oportuno mencionar el plan binacional con Ecuador pactado hace ya varios años el cual fue construido de manera abierta y técnica, jalonando tanto el comercio como la integración económica de la región conformada por los departamentos limítrofes de Nariño, Putumayo, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos.

La experiencia aludida contrasta con lo de Venezuela. Salta a la vista el secretismo presente en este caso: no hubo aviso previo sobre el propósito oficial, no se escuchó a los ciudadanos ni a los empresarios interesados. Además, ciertas versiones señalan que los asesores jurídicos y técnicos del Ministerio de Comercio tampoco fueron consultados. Tal circunstancia y el hecho de que el encargado de tramitarlo fuera Saade, indican que se trata de un acuerdo de asociación política con amplio espectro, ya que la cooperación podrá extenderse a cualquier otro tema o área geográfica de los países firmantes.

Esta conclusión se refuerza con lo expresado por Maduro, quien, apenas suscrito el instrumento, anunció que la zona involucrada debe extenderse a los departamentos colombianos de Guajira y Cesar. El personaje también dijo que fuera de los beneficios económicos, la nueva realidad permitirá materializar planes binacionales de unión política de las autoridades, los pueblos, los movimientos sociales y políticos, permitiendo la coordinación permanente militar y policial.

Si a esto se añaden las restricciones que tenemos para comerciar con Venezuela habida cuenta de las sanciones establecidas por los Estados Unidos, se hace claro que los verdaderos ámbitos de aplicación del acuerdo serán el político y el de seguridad según la conveniencia y dictados del déspota vecino.

El matrimonio con el régimen de Maduro y Diosdado Cabello es un plan de largo aliento que tiene como premisa la renuncia de Colombia al estatus de asociado a la Otan, decisión que dieron a conocer a mediados del mes y de la cual poco se han ocupado los medios. Hablamos de la cancelación de un vínculo que significaba asistencia técnica militar, intercambio de información y participación en ejercicios conjuntos.

El proceso de convergencia política que comienza a concretarse tendrá inmensos costos, pero todo indica que eso tiene sin cuidado al gobierno del Pacto. Quizá lo que se está cociendo en el negocio es tan trascendental para quienes hoy nos gobiernan, que amerita sacrificar la soberanía y perdonar las tropelías de un régimen asesino de la democracia, asociado a algunos de los actores más tenebrosos del contexto internacional.