Caucanistán

Hace unos días circuló la imagen de una gorra con una metralleta bordada y una palabra escrita con una ironía brutal: Caucanistán. Pareciera una broma de mal gusto, pero en realidad es el emblema de una tragedia nacional que ya no se lleva solo en la cabeza, sino en la conciencia de quienes sobreviven al abandono del Estado. Caucanistán no es un accesorio, sino el símbolo del desangre imparable e indiscriminado del suroccidente colombiano.

Para quienes aún se aferran a negar lo innegable, los nombres Caucanistán, Vallenistán y Nariñonistán pueden parecer simples caricaturas ofensivas. Pero no lo son. Hoy, gracias a herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial, es posible medir el abandono del Estado con precisión técnica, procesando miles de reportes periodísticos y bases de datos oficiales. No se trata solo de contar asesinatos, sino de analizar su estructura oculta que viene acompañada de secuestro, tortura, violencia sexual o reclutamiento forzado. A través de estándares cuantitativos como el Iccs (Clasificación Internacional de Crímenes para Fines Estadísticos), se puede valorar la gravedad real de cada delito en cada territorio, no solo por su frecuencia, sino por su complejidad.

Los datos son inequívocos: algunos municipios del suroccidente colombiano replican la precariedad institucional de Afganistán —un país que figura entre los tres más violentos del planeta—, si no que lo superan en intensidad y en frecuencia de la desprotección civil. En Corintionistán, Toribíonistán, Argelianistán y El Aguilanistán, el narcoterrorismo impone su ley sobre la vida y la muerte generando puntajes usando el Iccs de 85/100. Las tasas de homicidios respectivamente, superan los 60, 154, 188, y 154 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Su población es sometida a todo tipo de vejámenes, desde la carnetización obligatoria para circular, trabajar o acceder a alimentos, hasta toques de queda.

En Buenaventuranistán, el 82 % de los barrios son controlados por alguna de las más de 90 estructuras criminales que esperan arrebatarle el poder a los ‘Shotas’ o ‘Los Espartanos’, con un Iccs índice de riesgo de 82/100 casi toda actividad económica está bajo el manto de la extorsión. Calinistán tiene un índice de 67/100, apenas diez puntos menos que ciudades como Kandahar y peligrosamente cercano a Culiacán, en México.

La vida en el suroccidente colombiano está condicionada por la violencia cotidiana, que se manifiesta en asesinatos, masacres, secuestros, reclutamientos forzados, atentados terroristas, violaciones de menores de edad y represión contra comunidades indígenas. Todo esto ocurre bajo el estrepitoso fracaso de la mal llamada ‘paz total’, mientras el Gobierno ha optado por no mirar, distraído —con deliberada conveniencia— por los horrores de la guerra en Gaza y el territorio es literalmente cedido a una forma mucho más compleja de narcoterrorismo.

Pero no es solo el Gobierno. Es también la miopía de una dirigencia regional confundida con la idea de que, pañitos tibios de diálogo y aventuras sociales con la delincuencia y las pandillas, va a resultar en transformaciones estructurales. Rehúyen y repiten el letargo complaciente que costó Panamá. Solo que esta vez no se está perdiendo un canal, sino dejando caer una región entera —y con ella, el futuro mismo de Colombia—.