Licencia… para no matar

El gobierno nacional ha anunciado un nuevo programa de transferencias monetarias para jóvenes en riesgo de caer en los abismos de la violencia. Aunque son muchos los programas nacionales y locales de gobiernos pasados que también buscaban ofrecer más oportunidades para los jóvenes más vulnerables y alejarlos de la violencia, el enfoque narrativo que el presidente ha decidido darle al proyecto trae grandes preguntas y preocupaciones.

Lo que más llena de inquietudes es que el enfoque de este programa introduce una narrativa con profundos riesgos. El presidente ha afirmado que el objetivo de esta transferencia es que algunos jóvenes “dejen de matar”, lo cual abre una serie de necesarias discusiones y plantea varios dilemas de enormes proporciones. El problema de fondo es uno: que el Estado deba pagar a algunos de sus ciudadanos para que no cometan crímenes significa una seria derrota para décadas enteras de políticas sociales y de justicia. Luego de tantos años de construcción de procesos sociales en rechazo al crimen, que un gobierno ablande su postura frente a los caminos de la ilegalidad y le otorgue justificaciones sociales significa un gran retroceso en la construcción del repudio social hacia el crimen.

Es sabido que las políticas públicas tienen siempre efectos inesperados, por lo que la planeación en este caso debe evaluar muy seriamente los riesgos y establecer lineamientos para evitarlos, pues los peligros aquí pueden ser enormes. En materia de resultados no esperados, algunos expertos han señalado como posible consecuencia de este plan que los jóvenes más vulnerables encuentren nuevos incentivos para ingresar a grupos ilegales. Sería un error de proporciones históricas que ya la ilegalidad no solamente sea el camino para obtener poder local en muchas regiones, y sea ahora también una nueva forma de acceder a servicios del Estado. ¿Qué motivará a los millones de jóvenes estudiosos y ‘pilos’ a seguir un camino de estudios y búsqueda de progreso profesional desde la legalidad al ver que sus vecinos menos ejemplares son quienes resultan premiados?

Las inquietudes siguen surgiendo. El gobierno ha planteado que estos subsidios buscarán fomentar que los jóvenes estudien y se formen. Aquí cabe preguntar cómo se espera incentivar que los jóvenes beneficiarios de estos subsidios busquen emplearse y calificarse para el trabajo si las transferencias que reciben son equivalentes al mismo salario que millones de personas ganan como resultado de trabajos honestos y nada fáciles.

Pero las dudas no se detienen ahí: es urgente preguntar cómo planea el gobierno verificar que los beneficiarios de esta transferencia realmente se alejen del crimen. No menos grave es la pregunta de muchos sectores de la ciudadanía que ven con temor –con toda razón– que un gobierno con tanta fijación por las movilizaciones ofrezca con estos subsidios un nuevo incentivo para llevar a la ciudadanía a las calles. La experiencia del surgimiento de milicias gobiernistas en algunos países vecinos es también un motivo para llamar la atención aquí.

Un plan como estos debe aclarar cada uno de sus límites desde el comienzo. Desde todos los escenarios debemos pedir mejores oportunidades académicas, sociales y laborales para los jóvenes. Por esa misma razón debemos plantear preguntas y expresar rechazo cuando exista cualquier señal de que la juventud será instrumentalizada por un gobierno.