La Ley de Competencias

Mientras el Congreso y el Gobierno están dedicados al trámite de dos reformas, la laboral y la de salud, que en el mejor de los casos solo contribuyen de manera marginal al cambio social que necesita el país, no ha empezado todavía el debate público de la ley que debe producir la transformación más radical del Estado colombiano desde la Constitución del 91. Es la ‘Ley de Competencias’ que debe desarrollar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que se aprobó con el Acto Legislativo (AL) 03 de 2024.

Este AL solo es el punto de partida para profundizar la autonomía territorial. La Ley de Competencias es tan importante que los recursos del SGP para las regiones solo se empezaran a incrementar un año después de que se haya promulgado. No es una tarea fácil porque, como decía, implica un cambio de fondo de la estructura del Estado, en el que aumentar a 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) los recursos que se van a dar a las regiones es solo una pieza de un complejo rompecabezas, del cual solo se enunciaron los títulos en el AL, y deben ser definidos en la Ley.

El principal objetivo de la Ley es “el cierre de brechas sociales, económicas e institucionales entre los territorios”, y allí empiezan las dificultades para lo que debe aprobar el Congreso. Porque la dura realidad es que no hay plata adicional de libre disposición para ese propósito.

Cerrar las brechas requiere dar recursos adicionales de libre disponibilidad a los departamentos y municipios más pobres, pero como estamos en un juego de suma cero, lo que ganen unas regiones se les tiene que quitar a otras, o trasladarles competencias sin recursos suficientes. No parece fácil que los congresistas de las regiones perjudicadas acepten la reducción de sus ingresos o el aumento de sus gastos.

¿Por qué se afirma que no habrá nuevos recursos de libre disposición, si se estima que las regiones van a recibir $39 billones adicionales a los $81 billones que reciben este año? Porque el AL estableció varios límites para garantizar que este aumento se haga “de modo tal que no comprometa el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal”, es decir para que no aumente el gasto público ni el déficit fiscal.

La principal restricción es que el aumento de recursos a las regiones debe ser simultáneo con el traslado de competencias del Gobierno Nacional a los territoriales, de manera que se evite la duplicidad de funciones. En otras palabras, los gastos que hoy hace la nación deberán ser asumidos por los departamentos y municipios, que deben destinar la plata adicional que reciban a pagar por esos gastos. Si habrá más plata, pero no es de libre disponibilidad, sino que está asignada a las competencias del gobierno que se trasladan.

Salvo que se hiciera un doble recorte sustancial de los gastos del gobierno central, (que ni siquiera Elon Musk podría hacer aquí como tampoco lo pudo hacer en su país), uno para la necesaria reducción del déficit fiscal y otro para liberar plata para las regiones, no habrá plata adicional de libre disponibilidad para las regiones. Solo se cambiará quién hace los contratos, nombra a los funcionarios y gira los cheques.