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¿Ingenuidad o condescendencia?
La crisis humanitaria que se ha vivido en el Catatumbo refleja la incompetencia del gobierno para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales y para lograr su ‘paz total’.

Jorge Alberto Criales
Columnista El País
4 de abr de 2025, 02:34 a. m.
Actualizado el 4 de abr de 2025, 02:34 a. m.
En un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), se revela que el frente 33 de las disidencias de las Farc que ha sido blanco de ataques del Eln por el control del narcotráfico, aprovechó el cese del fuego en el marco de las negociaciones de paz para extender y fortalecer su control sobre los pobladores del Catatumbo que viven una grave crisis de orden público bajo la política de la mal llamada ‘paz total’.
Uno de los errores de la administración Petro es que más de dos años después de las advertencias que se le hicieron por dar concesiones prematuras al Eln y a las disidencias de las Farc, como los ceses del fuego, es no admitir que su política de ‘paz total’ necesita urgentes replanteamientos. Se trata de corregir el rumbo de manera urgente porque el actual solo ha servido para el crecimiento de los grupos criminales.
Lo que está ocurriendo en el Catatumbo es una catástrofe de la cual es responsable el gobierno al dejar sola a la población. Sus estrategias han demostrado su debilidad para contener a los grupos armados.
La condescendencia de Petro frente al narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia tiene efectos devastadores para cualquier sociedad, pues compromete la legitimidad del Estado.
La crisis humanitaria que se ha vivido en el Catatumbo refleja la incompetencia del gobierno para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales y para lograr su ‘paz total’. El Estado parece ser un impotente observador de la lucha entre grupos armados, ya sin ninguna pretensión política. Cada vez parece más evidente la pérdida de control del orden público por parte del Estado en buena parte del territorio nacional.
Petro decretó la suspensión de los diálogos con el Eln, decisión tardía pero necesaria. Si esa es la posición del gobierno, lo que corresponde es que se acompañe de una decisión firme de recuperar la presencia de la Fuerza Pública en el Catatumbo. Urge que el gobierno corrija sus errores, revise la política de seguridad para que se ajuste a las nuevas amenazas y fije una estrategia que permita vencer a los grupos guerrilleros.
Si las conversaciones con el Eln se reanudan, debe darse una profunda reingeniería del proceso de paz para aprender de las lecciones que este ha dejado hasta ahora, como es evitar ceder con ceses del fuego sin contraprestación o gesto alguno de querer la paz. Mientras el Ejército siga replegado por las complejas negociaciones de la ‘paz total’, la población del Catatumbo será víctima del fuego cruzado entre organizaciones terroristas.
La ineptitud gubernamental agravada por la inundación de cultivos ilícitos dispararon la ambición del Eln y de las disidencias de las Farc que se nutren de las rentas criminales, lo que desató una guerra entre terroristas, donde las víctimas son los indefensos ciudadanos del Catatumbo a quienes les prometieron una paz total.
Las políticas de paz de este gobierno pecaron de ingenuas al permitir que una situación de abandono estatal que venía de tiempo atrás se acrecentara a causa del fortalecimiento de los grupos armados, al amparo de las concesiones gubernamentales que permitieron que las Farc y el Eln que operan en el Catatumbo actuaran sin ningún control.
Lo que podemos observar es un nuevo fracaso del gobierno y del presidente con su llamada ‘paz total’ que mantiene abiertas nueve mesas de diálogo con estructuras criminales que han aprovechado para consolidarse en los territorios, fortalecer sus negocios ilícitos, extorsionar, someter a la población y delinquir sin problemas ante unas Fuerzas Militares diezmadas e impotentes.
Jorge Alberto Criales
Columnista El País
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