Implementar la paz: barril sin fondo

En medio de las afugias financieras del país por cuenta del despilfarro, la corrupción y la falta de ejecución presupuestal de los proyectos más relevantes, la implementación del proceso de paz se volvió un barril sin fondo.

En los últimos días, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez hizo una presentación de la implementación del acuerdo de paz en los últimos ocho años señalando que parte de esos recursos se invierten, pero que el país no ha cambiado en términos de violencia y orden público.

Como lo advertí como fiscal general de la Nación, la idea de ‘paz total’ de Gustavo Petro condujo a que las violencias se multiplicaran en los territorios, se presentaran acuerdos criminales con estructuras de todo nivel, arrodillamiento del Estado buscando ceses al fuego a todo nivel, utilización desaforada de la figura de ‘gestores de paz’ que ha permitido la salida de la cárcel de los más peligrosos criminales del país, ataque despiadado a la institucionalidad, retiro de la fuerza pública de los municipios, proliferación del narcotráfico e imposibilidad de hacer efectivas las órdenes de captura contra los violadores de derechos humanos en los territorios. Esta lista ha hecho que los territorios se vuelven invivibles.

Esta circunstancia hace que la implementación del acuerdo se mire con cuidado. No tiene sentido invertir en proyectos productivos con los desmovilizados que están cumpliendo con sus obligaciones, cuando los disidentes del acuerdo están haciendo de las suyas en esos territorios y aprovechan esos recursos para seguir con su aparato de guerra. No tiene explicación que se intente invertir en la ruralidad o asignar una tierra cuya real posesión está en manos de los criminales porque este gobierno optó por darles juego criminal.

Las cifras del informe de la Contraloría son interesantes. Se han invertido 52,7 billones de pesos, lo que significa el 45% de la inversión en 8 de los 15 años fijados. De ese valor, el 60% lo aportan los colombianos a través del Presupuesto General de la Nación.

El 73 % de esa inversión se ha entregado a entidades públicas que no trabajan de forma coordinada como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) .

Lo grave del informe es que la inversión que se ha dirigido al sector rural no produce los resultados esperados. Es decir, de 2.425.404 hectáreas de tierra, solo han caracterizado 40.000 hectáreas y de las 7 millones de hectáreas se ha regularizado el 35%. Para el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos se le ha destinado 7,1 billones para el 2024. El resto de la inversión se ha destinado para la JEP, proyectos individuales y colectivos. 8.883 corresponden a los individuales y 128 a los colectivos.

La inversión para la sustitución es una farsa cuando se observa el crecimiento excesivo de cultivos ilícitos que según el informe de la ONU en el 2023 alcanzó 253.000 hectáreas sembradas frente a las 230.028 del 2022. Lo grave es que la forma de multiplicar la producción llevó a que pasáramos de 1738 toneladas de coca en el 2022 a 2664 toneladas en el 2023. Es decir, la plática de la sustitución se perdió.

Lo único que queda claro es que este gobierno por donde se le mire hace agua. La falta de gerencia impide que los proyectos se concluyan y que el país avance. Ojalá para el 2026 nos quede país.