Imperdonable incoherencia

Hace ya tres años decidí renunciar a la posibilidad de escribir quincenalmente una columna para El País. Me reservé la facultad de hacerlo cuando las circunstancias lo ameritaran y los temas lo justificaran.

Ocurre que nuestro presidente, Gustavo Petro, cada vez que habla, manifiesta tal cantidad de incongruencias y falsedades que es difícil mantenerse callado. La última filípica en defensa de su política de salud fue la más insólita.

 La postración del sistema es evidente y lo lamentable es que su inoperancia causa la muerte, profundos padecimientos e impotencia ante el drama, sufrimientos que afectan con mayor contundencia a las personas de menores recursos, a quienes los progresistas pretenden proteger.

No deseo referirme a la catarata de temas que aludió de manera desordenada e incongruente, con abundancia imposible de abarcar. La mejor definición que he escuchado provino de un desatado periodista de la radio W, que la calificó como alocución demencial, por la ausencia de razonabilidad pronunciada por alguien con deterioro de sus facultades.

Voy a referirme solo al tema del sistema de salud, motivo principal de su intervención, donde mostró cifras falsas y tergiversó todo un proceso de casi tres años. Sin duda, desde el comienzo trató de nacionalizar la prestación de los servicios de salud, en manos entonces de una virtuosa alianza de los sectores público y privado que cubría el 94 % de la población, con unos índices de favorabilidad de dos terceras partes de la ciudadanía, elogiado por los entes internacionales.

Cierto es que no cubría adecuadamente la periferia y no se habían avanzado lo suficiente en los aspectos de la prevención, lo cual no justificaba destruir lo construido hasta entonces. Con el mismo espíritu de cooperación necesarios en una alianza virtuosa se hubiese podido tratar de enmendar las limitaciones.

Al inicio del gobierno de Petro, su ministra de salud, Carolina Corcho, presentó un proyecto de ley con el cual se pretendía hacer desaparecer la alianza y nacionalizar el servicio, proyecto que fue rechazado por el Senado.

 El ministro Gaviria, quien se había desempeñado anteriormente como ministro de salud por varios años, manifestó también su desacuerdo, lo cual motivó que los tres ministros liberales que había nombrado en su gabinete inicial también renunciaran.

Petro se sostuvo en su anhelo de nacionalizar todo el sistema. Su indeclinable afecto por la estatización es manifiesto en todas sus decisiones, al igual que su aversión por la existencia de un sector privado motivado por la búsqueda del lucro para su autosostenibilidad y progreso.

Ante estas circunstancias, no se mostró derrotado, manifestó que en su poder estaba la posibilidad de aplicar el chu, chu, chu, nacionalizando las EPS mediante la intervención. Era de su resorte la financiación de las mismas. En sus manos tenía la facultad de calcular y establecer la UPC, Unidad de Pago por Capitación, la fuente de financiación del sistema a través de las empresas prestadoras de salud, que a su turno negociaban el servicio con las IPS.

Pues bien, él les cerró la llave y en esta forma las fue quebrando e interviniendo una por una, chu, chu, chu. Ahora el sistema está en manos de su gobierno, único culpable del caos existente en la prestación de los servicios y en la provisión de los medicamentos.