El discurso del último año

El 20 de julio es un día de celebración que nos une alrededor de nuestra identidad y herencia histórica, conmemorando la determinación de quienes lucharon por la libertad. La pasada fiesta nacional se desarrolló en un ambiente tenso y polarizado en el Congreso. Aunque Petro inició la instalación de la Legislatura 2025-2026 con una alusión al cabildo abierto de 1810 y reivindicando la participación popular como el origen de la democracia, su intervención reflejaría poco después el tono confrontativo característico del Gobierno, poco usual en un día de efemérides.

Como ocurre cada año, su discurso presentó resultados en distintos campos, pero también incluyó estigmatizaciones contra sectores políticos, económicos y medios de comunicación. Esto, en un Salón Elíptico dividido entre aplausos del oficialismo, y reacciones de la oposición, que exhibió pancartas alusivas a escándalos de la Ungrd y el atentado contra el senador Miguel Uribe. En Colombia, como en otros países, este tipo de sesiones permiten que la gente conozca quiénes están a favor o en contra de determinadas posiciones. Hoy en día, eso es preferible a los tiempos en que los legisladores guardaban silencio cuando algún gobierno de turno lograba respaldos unánimes, no por las propuestas sino por el clientelismo.

El discurso refleja lo que nos espera en el último año del Gobierno. Uno de los temas centrales será la reforma a la salud y Petro presentó cifras de indicadores de salud pública, algunas cuestionadas por expertos. Mientras distintos sectores del Congreso reclamaron que, si se aprueba en esta legislatura, la reforma sea consensuada y no destruya lo que se ha construido, no se observó una apertura oficial al diálogo en este asunto prioritario en que el discurso oficial ha buscado deslegitimar a sectores críticos.

En una posible alusión a la llamada ‘paz total’, el Presidente también habló de la justicia restaurativa y dijo que “por la verdad no se puede temblar” y que “la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo”. Son frases que anuncian un nuevo debate sobre el tipo de respuesta que se espera del Estado y la sociedad frente a organizaciones criminales, en el que las decisiones deben basarse en argumentos racionales y no en narrativas de desconfianza institucional.

Por otra parte, el Presidente dijo que hay “peligros” que se “ciernen sobre las elecciones”, sin presentar hechos o pruebas concretas. Esta afirmación es otro reparo de un gobierno que ha cuestionado decisiones de la Registraduría, y podría sembrar dudas sobre la imparcialidad del sistema electoral. Este enfoque del discurso plantea retos significativos. Vendrán varias elecciones, y tenemos un Gobierno con ministros y funcionarios atacando a la oposición y organizando eventos públicos y concentraciones que se han convertido en uno de sus medios de acción y comunicación. La sociedad civil, los medios de comunicación, observadores internacionales y partidos y movimientos políticos deben vigilar la transparencia, las garantías y la legitimidad del proceso electoral. Esto implica también defender la institucionalidad electoral frente a cuestionamientos sin fundamento; exigir transparencia en el uso de recursos públicos durante los meses de las campañas; promover debates libres de presiones indebidas, con argumentos racionales y objetivos, sin caer en la polarización que trae consecuencias nefastas en un país que ha sufrido violencia política; y fortalecer el papel de los medios como guardianes del pluralismo y la rendición de cuentas.

El último año de gobierno es una oportunidad crítica para corregir el rumbo y evitar que el país termine sumido en una crisis aún más profunda. En medio del deterioro de la seguridad en varias regiones, de la fragilidad del sistema de salud y de los riesgos de un endeudamiento y gasto público excesivos, el país espera medidas responsables. Nuestra democracia necesita trabajo armónico y articulado entre las ramas del Estado para enfrentar los gravísimos retos que enfrentamos. Este no puede ser un año de discursos vacíos ni de confrontaciones estériles, sino de acciones eficaces del Gobierno y decisiones racionales del Congreso, para respetar el mandato recibido y dejar un soporte estable para el futuro.