Sometimiento

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno es perverso e inconveniente porque responde a un compromiso ignominioso de la campaña pasada y a un propósito electoral macabro a futuro y, contrario a lo que señala el título de la iniciativa no contribuirá al “desmantelamiento y sometimiento de las organizaciones al margen de la ley, a consolidar la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana”.

Es perverso porque estamos ante un segundo intento de Petro por establecer un marco legal derivado del Pacto de la Picota acordado en campaña para otorgarle beneficios penales a los más grandes criminales presos y a quienes hicieron parte de la primera línea y fueron condenados. Una promesa electoral no con cualquier acreedor, sino con algunos de los más peligrosos narcos presos, con el Eln, y los clanes y disidencias que delinquen desde el monte.

Acuerdo que no se supedita a una alianza del pasado, sino que se extiende a las elecciones del próximo año. Señalaba en un apunte previo que el Eln, las Farc, el Clan del Golfo y demás grupos criminales están de plácemes con este gobierno y van a jugársela a fondo para que el régimen se perpetúe. Prueba de ello, el acto ofensivo y provocador en La Alpujarra como antesala del proyecto de ley a un año de concluir el gobierno y estando en cuidados paliativos la paz total.

Ni siquiera un año. El plan del Gobierno es que la iniciativa sea aprobada en la primera parte de la actual legislatura para que entre a regir en diciembre. Regalo de Navidad para los criminales ad portas de las elecciones de marzo, mayo y junio del 2026, cuando retribuirían con creces la impunidad concedida, entorpeciendo las elecciones en algunos municipios e intimidando u obligando en otros al elector a votar en un sentido, en medio de una danza billonaria de recursos ilícitos.

El texto de ley incluye ‘penas alternativas privativas de la libertad’ (entiéndase casa por cárcel o trabajo social, etc.) entre 5 y 8 años para delitos atroces, rebajas de penas de 40 % a 60 % y la legalización del 12 % de las fortunas mal habidas por los peores criminales. Dicen algunos que no sería la primera ley de orden público o de sometimiento, lo cual es cierto, pero es un engaño hacerle creer al país que luego de tres años de diálogos fallidos, sería el elixir de la paz.

Lo que nos lleva a la segunda razón, de fondo, sobre su inconveniencia. El sometimiento a la justicia se agotó como mecanismo para reducir la violencia armada. Son pocos los criminales dispuestos a dejar de delinquir, desmovilizar sus estructura armada, renunciar al control y al poder territorial, y a los ingresos del narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y a la extorsión, a cambio de beneficios penales y la legalización de las fortunas reconocidas.

La historia reciente lo confirma. Unos se desmovilizan y otros no, la mayoría reincide y quienes realmente dejan de delinquir al día siguiente son reemplazados por otros, pues la economía ilegal es un gran negocio, el riesgo de ser dado de baja o capturado y condenado es bajo y mientras más sanguinario mayor la posibilidad de ser cobijado por un proceso de paz o beneficios penales. Si no fuera así el país habría superado hace décadas la violencia organizada.

Por lo anterior, además de rechazar el proyecto de ley señalado, que es pieza clave del entramado electoral del Gobierno, este tipo de medidas no son efectivas. En el pasado algunas lo fueron parcialmente. Ya no. El Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo no son más que narcotraficantes, secuestradores y asesinos. La única opción es combatirlos sin contemplación. La ley de sometimiento a la justicia no es otra cosa que el sometimiento de la ley y la justicia a los criminales.