Transición energética y consultas previas

La transición energética es una prioridad nacional por la necesidad de diversificar la matriz energética reduciendo el uso de hidrocarburos. Sin embargo, consultas previas y licencias ambientales se han convertido en obstáculo a este proceso. ¿Cómo conciliar el respeto a los derechos territoriales de las comunidades étnicas con el interés público que representan los proyectos de energías renovables? ¿Cómo evitar los abusos en los procesos de consulta?

El caso de la línea de transmisión La Colectora es emblemático. Este proyecto, adjudicado en 2018 al Grupo de Energía de Bogotá, debía estar operativo en 2022 para evacuar más de 2300 MW de energía renovable desde La Guajira, mediante la construcción de dos líneas de transmisión de 500 kV cada una, entre las subestaciones Colectora y Cuestecitas, y una línea adicional de 250 km entre Cuestecitas y La Loma. Un total de 470 km de nuevas líneas.

Hoy, su entrada en funcionamiento ha sido aplazada hasta 2026, principalmente por los obstáculos derivados de las consultas previas con comunidades indígenas. Se realizaron 235 consultas con una población estimada de 150.000 habitantes, lo que implica un promedio de 638 personas por comunidad. Sin embargo, muchas de estas comunidades son rancherías dispersas, algunas con menos de 50 habitantes. Esta fragmentación ha multiplicado los trámites, dilatado los tiempos y saturado la capacidad institucional. En el caso de La Colectora, el proceso tomó más de mil días.

A esto se suma la complejidad de las licencias ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tardó tres años en otorgar la licencia para el tramo Cuestecitas–Colectora, y solo lo hizo tras superar un recurso de reposición. La consecuencia de estas demoras es la incertidumbre jurídica, la pérdida de confianza de inversionistas y la paralización de al menos seis proyectos eólicos que ya habían sido adjudicados en subasta con una capacidad instalada de 1535 MW. Algunos ya han sido cancelados y otros, como el de Windpeshi tuvo que ser adquirido por Ecopetrol para reactivarlo.

En Windpeshi la empresa Enel Colombia realizó 67 consultas previas con una población de 5000 habitantes de comunidades Wayúu, promovió subcomités de diálogo y ejecutó proyectos sociales, pero encontró un territorio fragmentado, con disputas internas, retornos migratorios desde Venezuela y asesores externos buscando beneficios individuales, que hicieron imposible el proyecto.

No solo sucede en Guajira. En el Valle del Cauca, la empresa Celsia tuvo que abandonar la construcción de la segunda línea de transmisión de Yumbo a Buenaventura, tras enfrentar exigencias excesivas de algunas comunidades que no estaban debidamente constituidas o no tenían representatividad legítima; también se denunció la creación de comunidades ficticias con el propósito de obtener beneficios económicos o ejercer presión indebida sobre la empresa.

Para que estos problemas no se repitan se requiere una reforma profunda al sistema de consulta previa, que establezca criterios claros de representatividad y permita acuerdos colectivos agrupando comunidades con características similares, para establecer compromisos comunes y reducir tiempos sin vulnerar derechos. En casos excepcionales, el Estado podría declarar ciertos proyectos como de utilidad pública, pero esto debe ir acompañado de garantías para los derechos humanos y ambientales.

De otra parte, es urgente fortalecer la capacidad técnica y operativa de la Anla, con mecanismos de evaluación acelerada para proyectos estratégicos que ya han superado etapas de planificación y viabilidad.