Transición

Una cosa es la transmisión del mando en una República democrática y otra el proceso de transición de un gobierno saliente a uno entrante. Por lo menos, dos temas son fundamentales. El de la entrega de las diferentes dependencias gubernamentales y el del comportamiento del gobierno saliente en términos de los contratos y nombramientos que se pueden hacer o no hacer.

El de la entrega, ya de alguna manera lo examiné en una columna anterior. El segundo está ahora en las primeras páginas de los periódicos y los noticieros y se presta para opiniones muy controversiales sobre el desempeño del gobierno saliente.

La decisión sobre el nuevo presidente y su gobierno se tomó el 21 de junio en la segunda vuelta electoral, casi seis semanas antes de la inauguración del nuevo gobierno. Y, entonces, se presentan dos situaciones que merecen ser bien consideradas.

La primera, el gobierno está en su derecho de ejercer sus poderes de nombramiento y contratación hasta el 7 de agosto. Y la segunda, el nuevo Presidente tiene que realizar algunas gestiones, nacionales o internacionales, que generan gastos importantes y, en ocasiones, requieren de la colaboración de funcionarios que, aunque pueden contar con una expectativa de ingresar a la burocracia del nuevo gobierno, en teoría deberían recibir honorarios por las actividades que tienen que realizar y que son indispensables para el presidente electo.

El actual gobierno a partir del 21 de junio ha hecho muchos nombramientos y muchas contrataciones por importantes sumas del presupuesto nacional. Y no se puede decir que no tenga la facultad para hacerlo así. Con todo, no es bien visto por la opinión pública y mucho menos por sus adversarios que se suscriban contratos por sumas millonarias o multimillonarias y que se hagan nombramientos en varios sectores, particularmente, en uno muy costoso, como es el de la diplomacia. En ambos casos se genera una situación de derechos adquiridos que no es fácil desconocer y que pueden dar lugar a un gasto presupuestar significativo.

Y no se puede negar que en algunos casos es posible que haya circunstancias que hagan indispensables esas decisiones o, por lo menos, algunas de ellas y , seguramente, no se puede decir lo mismo con respecto a todas.

Sería reprobable que ese tipo de comportamiento se vuelva rutinario en el caso de todas las transiciones, y por ello sería deseable que existiera un pacto de caballeros entre las dos administraciones, la que termina y la que va a comenzar o, en su defecto, una legislación que estableciera condiciones muy estrictas, pero no de imposible cumplimiento, para que cuando sea necesario se tomen las decisiones y se hagan los gastos que las circunstancias aconsejen. Una emergencia invernal, por ejemplo, una catástrofe que debe ser inmediatamente atendida, unas decisiones que ayudan a prevenir sucesos que se dan por descontados en el próximo futuro y que requieren de medidas oportunas.

Se trataría, entonces, de establecer un mecanismo formal que obraría con la mejor disposición para facilitar ese tipo de disposiciones y, de esta manera, evitar que la ciudadanía se forme una negativa opinión sobre lo que es el comportamiento de los gobiernos. Ello no ayuda al fortalecimiento de la democracia ni al aprecio y la confianza que los ciudadanos deben tener hacia sus gobernantes y con respecto a sus instituciones.

Eso de dejar la olla raspada, no contribuye al prestigio de un gobierno ni al buen funcionamiento de una democracia. Y en lo que se refiere al presidente electo, es conveniente financiar los gastos que debe hacer para preparar apropiadamente el desempeño del nuevo gobierno. No siempre un presidente electo cuenta con los recursos personales para realizar un empalme en todas las regiones de Colombia o para reunirse con sus ministros designados en diferentes ciudades o para atender debidamente a visitantes extranjeros o cumplir con invitaciones de otros gobiernos.