Colombia, en aprietos

El desgobierno es total. Un desmadre en el control del orden público en diferentes regiones del país, una situación económica alarmante, un desempleo que crece, cayó el recaudo en 20%, más de dos millones de colombianos abandonaron el país ante la falta de empleo y de oportunidades, la inversión disminuyó el año pasado 25% y este año vamos por el orden del 15%.

Todo este panorama debe combinarse con una caída en la producción minera del 30% y una disminución en la construcción del sector de vivienda en un 50 %, entre otros.

Las últimas semanas hemos estado en el vaivén de disparatadas propuestas económicas como las inversiones forzosas, que no eran otra cosa que el uso de los ahorros del público de forma direccionada por el gobierno. La idea duró menos de una semana en pie.

Ahora un ‘Pacto por el crédito’, como si el problema fuera el flujo de recursos en la economía y no la incapacidad de ejecución del Estado por ineptitud o por activismo e ideologización del presidente Petro y su equipo de gobierno.

No otra cosa, explica que estén parqueados 118 billones de pesos de dinero público en las fiducias debido a que este gobierno no distingue entre una presentación de un proyecto en PowerPoint y la ejecución del mismo.

Para rematar este escenario, hay otro tema que debe preocupar a los colombianos y es el relativo a la crisis energética del país. Esta semana, el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, expidió un alarmante comunicado en el que señaló que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía.

Esto implica, según el ente de control, que hay un inminente racionamiento en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Vichada.

Si a esto le añadimos la desconexión en la costa caribe a 194,000 usuarios por falta de pago, derivado de aumentos del 30% de las facturas por la imposibilidad de poner en cintura regulatoria a los generadores y por la ausente política regulatoria de la CREG (Comisión de Regulación de Energía), la situación es más que preocupante.

En este estado de cosas y sin resolverse ‘la opción tarifaria’ que permitió que se congelaran las tarifas durante la pandemia para ayudarle a los colombianos a reducir su gasto, el tema se agrava más. Son 4,7 billones de pesos que se le adeudan a los operadores de la red que podría llevar a que los generadores de energía restrinjan la transmisión. Lo más grave de este panorama es que no hay acciones frente al apagón que se nos viene encima.

Todo este panorama, más otros aspectos como la calamitosa situación de orden público en múltiples lugares del país en especial en el Valle y el Cauca, más la tragedia social que tendría el país por un posible desabastecimiento de gas que podría multiplicar las tarifas de la factura por tres, nos lleva a la conclusión de que lo grave del 2026 no será el triunfo en las urnas de un modelo distinto al actual, sino la gobernabilidad del país.