Análisis de un chantaje

Escaló la pelea entre las universidades privadas de Estados Unidos y el gobierno Trump, al exigirle a la Universidad de Harvard modificar sus criterios de admisión para que sean basados solo en mérito y no en raza, color y género; aceptar un auditaje a los profesores, y a los estudiantes extranjeros incursos en hechos violentos, y proscribir toda manifestación antisemita.

El gobierno condicionó el giro de recursos para investigación a las más prestigiosas universidades a que introduzcan cambios que contrarían sus principios y valores. Entre las diez bajo escrutinio y que tendrían previsto recibir US$ 9,3 billones están Harvard, Columbia, Johns Hopkins, Northwestern y California, Berkeley. La exigencia inició con Columbia, que al comienzo cedió para no perder US$ 400 millones, costándole el puesto al rector.

Las universidades privadas se convirtieron en los principales centros de investigación de Estados Unidos, en una alianza exitosa entre el Gobierno y la academia, recibiendo crecientes recursos de la Nación; de US$ 2 billones en 1953 a US$ 60 billones en 2023. Los más importantes proyectos de investigación en seguridad, tecnología y medicina son resultado de esa sociedad que inició con el proyecto de la bomba atómica y hoy se manifiesta en estudios de primer nivel.

El detonante fueron las expresiones de violencia antisemita en algunas universidades en contra de Israel y a favor de Palestina -e incluso de Hamas- y la falta de rigor de varias instituciones para controlarlo, y restablecer el orden. Indica la asociación mundial de estudiantes judíos, Hillel, que entre 2024 y 2025 se han presentado 1408 incidentes antisemitas en los campus, lo que ha generado con razón el repudio de los estadounidenses.

Son tres temas, mezclados. El antisemitismo que por ningún motivo debe permitirse, tampoco la discriminación hacia otro culto o por raza o género. Sean o no violentas. No todo vale en aras de la libertad académica. La libertad y el respeto al otro, van de la mano. Las universidades deben garantizarlo; si no lo hacen, le toca al Estado. En Nueva York, cuando los manifestantes se tomaron violentamente los edificios de Columbia, entró la Policía y los arrestó.

Sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión en la educación superior (y que aplica al ámbito laboral) es válida la discusión sobre si, en aras de equilibrar la balanza y dar oportunidades a quienes no las han tenido, se ha llegado al otro extremo, generando discriminación en contra de grupos poblacionales no considerados minorías. Esta debe ser asunto de reflexión de las universidades y la sociedad, no impuesta a la brava. Y menos, regresar a épocas de discriminación inhumana.

Y, respecto a la pretensión del Gobierno de definir la política de admisión, vinculación de profesores y libertad de cátedra, es una intromisión indebida e ilegal. Hizo bien el rector de Harvard en rechazarlo sin titubeos; en perder el apoyo financiero, a claudicar ante el chantaje. Es muy grave cuando un gobierno condiciona los recursos a una universidad, para investigación o apoyo a los estudiantes, a sus designios ideológicos.

La guerra entre las universidades privadas y Trump apenas inicia, y no demora en hacer metástasis a otros países. La educación es el pilar fundamental de toda sociedad, de esta depende la formación de sus ciudadanos, desde el preescolar hasta la superior. De ahí el interés de algunos gobiernos, partidos, sindicatos y grupos de interés, de cualquier índole, de tomársela políticamente. Práctica común en regímenes dictatoriales y nacionalistas. Este es el asunto de fondo y que debe evitarse, independiente de la ideología y el tipo de institución.