¿Por qué Human Rights dice que la violencia en Colombia aumentó durante el 2022?

Según la Organización de Derechos Humanos (Human Rights Watch) la principal preocupación de ellos en Colombia es que la violencia en todo el territorio nacional está alcanzando niveles similares a los que había antes de los acuerdos de paz firmados con las Farc, en el año 2016.

“La violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas durante los años posteriores; en 2022 alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz”, publicó la Organización de Derechos Humanos en su informe mundial de 2023.

Entre esos grupos armados, la ONG da cuenta de la existencia de más de 30 facciones de disidentes de las Farc, además de la guerrilla del Eln y el grupo sucesor del paramilitarismo, el Clan del Golfo, que tienen relaciones complejas entre ellos.

Lea además: Cali, una ciudad con mucha inseguridad y poco presupuesto para combatirla

Según la publicación, defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las Farc, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes.

Los abusos de grupos armados se suman, además, a una falta de acceso a la justicia y altos niveles de pobreza.

La violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a casi 8,4 millones de colombianos desde 1985, según cifras oficiales.

En el 2022 según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, informó que hubo 70.000 personas desplazadas entre enero y octubre de ese año, todo como parte de “desplazamientos masivos”, es decir, de 50 o más personas o 10 o más familias.

El informe sostiene que los gobiernos municipales y departamentales suelen no tener fondos suficientes para asistir a las personas desplazadas.

“En 2011, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas con el fin de asegurar la reparación a las víctimas y la restitución de millones de hectáreas que fueron abandonadas por colombianos o robadas a estos durante el conflicto. Al mes de octubre de 2022, la justicia se había pronunciado en apenas 13.507 de las más de 142.000 solicitudes recibidas”, concluye el informe.

El documento registró que más de 1000 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en el país desde 2016, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. Además, la Defensoría del Pueblo reportó 182 asesinatos de defensores de derechos humanos entre enero y octubre de 2022.

“En febrero de 2022, en el municipio de San Martín, departamento del César, hombres armados asesinaron a Teófilo Acuña y Jorge Tafur, dos importantes líderes campesinos que, durante décadas, dirigieron comunidades de pequeños agricultores y de minería a pequeña escala”, recordó la ONG en su publicación.

La parte más gruesa del informe se enfoca en explicar cuáles han sido los abusos de los diferentes grupos ilegales en algunas zonas, muchas de ellas ubicadas en el Pacífico colombiano.

“Los grupos armados siguieron cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, reclutamiento infantil y violaciones sexuales, especialmente en zonas rurales de la región del Pacífico y a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, ni garantizado un acceso suficiente a la justicia, ni el desmantelamiento de los grupos armados”, explicó HWR.

En Nariño, por ejemplo, enfrentamientos entre disidentes “han dado lugar al desplazamiento de miles de personas, principalmente afrodescendientes e indígenas awás”, señala el documento.

Sobre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, dicen que en mayo impusieron un “paro armado” con restricciones a la circulación de civiles en más de 170 municipios de 11 departamentos. Las restricciones sugirieron una expansión geográfica alarmante, en comparación con el paro armado de 2012, que afectó a 26 municipios. El grupo también mató a 36 policías entre junio y agosto de 2022.

“En el departamento del Cauca, el ELN y grupos disidentes de las Farc han reclutado a más de 500 niños y niñas, en su mayoría indígenas, desde 2021, según organizaciones locales. Miembros de comunidades indígenas Nasa que se oponen a los abusos por parte de grupos armados han sido amenazados y asesinados. Los enfrentamientos de grupos armados, principalmente en el municipio de Argelia, perteneciente al Cauca, dejaron un saldo de más de 2600 personas desplazadas y confinadas”, sostiene la investigación.