Plan pistola: solo en abril 31 uniformados fueron asesinados en el país; estas son las estrategias de protección

Una ola de violencia enluta a la Fuerza Pública en Colombia, pues desde que grupos ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, entre otros, iniciaron un ‘plan pistola’ en contra de los uniformados en gran parte del país, han sido asesinados 31 policías y militares. Ante esta situación las autoridades están tomando medidas para protegerlos y evitar que hechos similares sigan ocurriendo.

Este plan criminal comenzó en abril y, al cierre de esta edición, deja 12 miembros del Ejército Nacional fallecidos y 19 policías, dos de ellos murieron este miércoles tras luchar por su vida, luego de sobrevivir a atentados perpetrados en Cartagena (Bolívar) y Remedios (Antioquia).

De acuerdo con el coronel (r), Carlos Soler, abogado asesor en seguridad y defensa nacional, estos hechos, principalmente promovidos por el Clan del Golfo, buscan amedrentar a la Fuerza Pública con poco presupuesto, pues los sicariatos no requieren la misma planeación que conlleva un atentado terrorista organizado.

“Los ataques fuertes de las organizaciones requieren un gran trabajo de inteligencia para demostrar que tienen control territorial, consolidando sus estructuras y generando miedo en la población civil. Intentan mostrar que el Estado no puede frente a ellos y buscan forzar negociaciones o ceses al fuego”, indicó Soler.

De la misma manera, Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, dijo que el ‘plan pistola’ es una forma de guerra simétrica usada por los grupos ilegales con cuatro objetivos principales: desmoralizar a la Fuerza Pública y crear una sensación de vulnerabilidad interna, intimidar al Estado y desincentivar operaciones ofensivas en su contra, ganar control territorial y político y enviar un mensaje de poder en el contexto de la Paz Total.

“Desde el punto de vista jurídico esas acciones constituyen crímenes de guerra según el Derecho internacional Humanitario y también podría ser tipificado como terrorismo, de acuerdo al Código Penal colombiano”, explicó Fernández.

Cabe resaltar que estos 31 homicidios, cometidos todos en abril de 2025, se suman a los 41 uniformados asesinados entre enero y marzo de este año, de acuerdo con las estadísticas presentadas en el Informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales publicado por el Ministerio de Defensa.

Una alternativa con varias aristas

Ante la situación de inseguridad que enfrentan los miembros de la Fuerza Pública, el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, anunció que los policías podrán portar su arma de dotación cuando terminen su jornada laboral para que puedan protegerse.

“Esas medidas implican la seguridad operativa y la seguridad operacional. El uso del arma de fuego implica defender su vida a partir de la amenaza permanente del Clan del Golfo, que se manifiesta con estos hechos”, afirmó el Director General de la Policía.

Los expertos consultados por El País concordaron en que la estrategia ayudará a la protección de los miembros de las Fuerzas Militares. Felipe Fernández manifestó que el porte de estos elementos fuera del servicio “aumenta la capacidad de reacción inmediata del uniformado ante ataques. Ya se ha visto en algunos casos que se pueden disuadir atentados y los agresores perciben un mayor riesgo de respuesta por parte de los uniformados”.

Asimismo, Soler indicó que muchos de los hombres y mujeres de la Policía viven en barrios periféricos, alejados de las bases, en los que pueden ser atacados ya que algunos turnos son en las noches y madrugadas, lo que los hace vulnerables.

El coronel (r) añadió que al tener a su disposición el arma de dotación fuera de su horario laboral, además de contar con la formación y las capacidades de reacción, también tendrán una herramienta para defenderse ante los criminales.

Carlos Soler sostuvo que la medida presentada por el general Triana es viable “desde lo legal y habría que implementar una manera de que hombres y mujeres de las Fuerzas Militares tuviesen armas amparadas a un precio muy módico, descontadas de su sueldo para que puedan defenderse”.

Sin embargo, Fernández consideró que esta estrategia podría tener desventajas ya que significa que estos implementos van a estar presentes en espacios civiles como los hogares, parques, transportes, entre otros, lo que “incrementa el riesgo de hurto de la pistola, además de que puede haber mal uso de la misma y accidentes”.

El consultor en seguridad y paz resaltó que “puede haber una confusión legal y operativa en caso de usar el arma fuera del contexto del servicio policial o militar. Asimismo el entorno familiar y social del uniformado puede quedar en riesgo”.

Soler concluyó que si bien pueden existir inconvenientes, los miembros de la Fuerza Pública están entrenados para el porte de estas herramientas y tienen conocimientos sobre la manera correcta de guardarlas en sus hogares para evitar accidentes.