Exgobernador encargado del Chocó, David Emilio Mosquera, fue condenado a más de 7 años de prisión

Este miércoles, 2 de julio, se conoció que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador encargado del Chocó, David Emilio Mosquera Valencia, a 92 meses de prisión.

Dentro del dictamen, se conoció que la Corte Suprema también ordenó su inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a 4.400 salarios mínimos.

Según revelaron, estas decisiones corresponden a actos de mal manejo de recursos, que el funcionario presuntamente habría aprobado.

Caso de Mosquera

La sentencia concluyó que Mosquera suscribió resoluciones administrativas sin competencia legal para reconocer y ordenar pagos por más de $ 2.500 millones.

Este dinero habría sido dirigido a 50 supuestos exfuncionarios del Fondo Educativo Regional del departamento, pese a que varios de ellos no habían trabajado para esa entidad o no realizaron las reclamaciones exigidas por ley.

La Corte examinó los actos firmados en 2002 por Mosquera, cuando fue designado gobernador encargado, para corroborar lo anterior.

A través de las resoluciones 0715 y 2003, reconoció cesantías definitivas y sanciones moratorias, sin contar con certificación de disponibilidad presupuestal, ni realizar notificaciones, ni cumplir los requisitos legales para el trámite de prestaciones sociales.

Estas resoluciones fueron usadas años después por una abogada que actuó como cesionaria de los exfuncionarios para demandar al departamento, lo que resultó en el pago de $ 2.568 millones entre 2008 y 2009, según el fallo.

Ante esto, el tribunal determinó que Mosquera actuó de forma dolosa y fuera de sus funciones, pues como mandatario encargado solo podía resolver asuntos urgentes, y este no era el caso.

Durante el proceso se evidenció que 11 de los beneficiarios no tenían soportes de reclamación, otros incluían firmas presuntamente falsas y había solicitudes con datos ilegibles.

Además, las autoridades identificaron personas en las resoluciones que nunca tuvieron relación laboral con el departamento.

La Fiscalía resaltó el caso de Sara Hinestroza Lagarejo, incluida como beneficiaria sin haber trabajado nunca para la Gobernación. Tampoco se encontraron registros en tesorería o archivo sobre estos reconocimientos.

Hay que mencionar que la Corte negó la suspensión condicional de la pena y también descartó la prisión domiciliaria, por lo que ordenó su captura una vez la condena quede en firme.

Además de la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, Mosquera fue sancionado con la prohibición para contratar con el Estado.

Finalmente, el proceso judicial se originó por una denuncia interpuesta en 2008 por el entonces gobernador titular del Chocó, Patrocinio Sánchez.