No es remordimiento: Esto es lo que buscan los feminicidas Andrés Ricci y Brayan Campo con los videos hechos en prisión

Ni tristeza ni arrepentimiento. Lo que hay detrás de los videos publicados recientemente por los feminicidas de la patinadora Luz Mery Tristán y de la niña Sara Sofía Delgado es una estrategia de defensa con la que buscan generar compasión en quienes deberán fallar sus solicitudes de apelación a las condenas impuestas.

Así lo han asegurado expertos consultados por El País, quienes insisten en que Andrés Gustavo Ricci y Brayan Campo no les están hablando a las familias de sus víctimas con mensajes de perdón o muestras de arrepentimiento, sino que son videos realizados con el objetivo de incidir en jueces y magistrados, a fin de lograr una reducción en sus penas.

En el caso de Brayan Campo, un juez lo condenó a 58 años y tres meses de prisión por feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio tras la muerte de la menor de 12 años en el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria (Valle).

Andrés Gustavo Ricci, por su parte, recibió una condena de 45 años y nueve meses de prisión por los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego y municiones por asesinar a su expareja y excampeona mundial de Patinaje, Luz Mery Tristán.

No obstante haber sido condenado y recluido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, Ricci creó hace tres semanas un canal de Youtube con el nombre de ‘Una verdad por contar’ en el que lleva producidos trece videos que suman en total cerca de 50.000 visualizaciones para atacar a víctimas y jueces.

“Soy Andrés Gustavo Ricci. Mucho se ha dicho de mí, pero aún nadie me ha escuchado. Pronto me verán sin filtros, sin omitir nada: hay una verdad por contar”, fue como inició su canal, desde el cual se ha dedicado, con el aval del Inpec, a tratar de desvirtuar todas las pruebas con las que fue vencido en juicio y a asegurar que hubo una confabulación en su contra y que los testigos fueron falsos.

“Mis derechos los cogieron en una cajita y los guardaron, y chao... La juez decidió, no en derecho de justicia, y en otro espacio les digo por qué”, es una de las frases que lanza en un video dedicado a desprestigiar a Victoria Tristan, la hermana de Luz Mery, a quien critica por hacerse validar como víctima.

“Usted ha hecho parte de una mentira, de una confabulación, de un libreto, de unos acuerdos (...) usted ha sido partícipe de un engaño a la justicia, se ha prestado para eso. Míreme, yo estoy vivo, yo no me he muerto; yo no, porque esté en una cárcel, me voy a callar o no me van a dar la oportunidad de expresarme, no. Yo tengo mis derechos, yo sigo teniendo mis derechos”, exclama un Ricci desafiante.

 “Lo que se ve en este caso es que esto hace parte de una estrategia muy bien diseñada y tendiente a influenciar a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que en este momento tienen el proceso en segunda instancia, para decidir la apelación que él interpuso. Entonces, eso no fue un acto espontáneo de querer utilizar las redes sociales para pedir perdón por su crimen, sino para intentar manipular con una versión amañada de los hechos”, conceptuó un abogado penalista que prefirió omitir su nombre por temas laborales.

En otros de los videos, producidos con equipos de última tecnología, el feminicida de Luz Mery Tristan se refiere a los hijos de la patinadora: “Valeria, tú sabes que no se me hubiera ocurrido... Valentina, Mario Andrés, Felipe, Giancarlo, Victoria Eugenia, Juan Carlos (...) Andrés no quiso acabar con la vida de Tristán”.

“Yo adoro a esos muchachos; sería lo más bello poder decirles y mirarlos a los ojos... que Andrés (él) no tuvo la intención, no quiso ni fue su pretensión acabar con la vida de mamá...”, señala Andrés Gustavo Ricci.

Además de las críticas que hizo la hermana de Luz Mery a los videos, Mario Andrés Valencia, hijo de Luz Mery, dijo que prefiere no opinar “porque si uno comenta o le da visibilidad a eso, es peor. Al fin y al cabo uno es el afectado y no quiero darle más voz, porque ha sido una situación muy dolorosa para nosotros”.

Pero más allá del rechazo que en su momento pudieron haber generado, explica Carlos Charry, director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, “esto tiene unos profundos efectos sociales, porque hay personas que caen en esa estafa moral, por decirlo de alguna manera, del ‘pobrecito él’, ‘no actuó bajo sus cabales’, ‘estaba bajo un estado de trastorno’ o ‘no era consciente de sí’, cuando sí lo era”.

“Si hay algo que pudo evidenciarse en los juicios es que hubo premeditación en el asesinato de estas mujeres. Esa es una actitud que también vemos en personajes de la vida política que se excusan en traumas y problemas sicológicos par encubrir acciones ilegales y abiertamente violentas o mentirosas”, agregó.

Lejos de parecer un accidente o un hecho involuntario, como se refiere Ricci a la muerte de Luz Mery Tristán, en el juicio se determinó que la patinadora murió tras recibir varios disparos, luego de un evidente forcejeo y que su cuerpo permaneció en el piso durante más de 24 horas.

Se debe dar el debate

El dolor y la indignación que estos videos han ocasionado en las familias de Luz Mery Tristán y Sofía Delgado, víctimas de estos feminicidas, es similar al que sintieron el día en que conocieron la noticia de las muertes de sus seres queridos.

El debate que queda planteado, dicen los expertos, es si los derechos a opinar y expresarse que tiene un delincuente condenado les permite revictimizar a los familiares o está por encima de la dignidad de las víctimas.

En el caso de Brayan Campo, ningún alivio pueden sentir los padres de Sara Sofía, la pequeña asesinada en el municipio de Candelaria, con que su victimario saliera a decirles en una entrevista desde la cárcel La Tramacúa, de Valledupar, que “estén tranquilos” porque la niña no sufrió, no sintió la muerte, y que narre de manera explícita y sin asomo de arrepentimiento cómo la raptó y cómo se deshizo de ella.

O menos aún que, intentando justificar su crimen, declarara que necesitaba quitarle la vida a la niña para poder descansar de una angustia y una voz que desde días atrás lo estaba incitando a “asesinar a alguna mujer”.

Nosotros rechazamos que se permita este tipo de entrevistas, indicó la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, donde se revictimiza a los padres y al hermano de Sofía. “Nos genera indignación en la comunidad candelareña que le permitan a este tipo públicamente decir que Sofía no sufrió; eso es muchísimo más doloroso”.

“Esa es una situación muy dolorosa. Nada repara ni nada compensa el dolor a una madre o un padre por la pérdida de un hijo. Creo que eso es burlarse de la familia en esta situación y por eso, si existe alguna norma que permite ese tipo de apariciones, solicitaría como Alcaldesa de Candelaria, y en especial como mamá, además de solidaria con la mamá de Sofía y con todas las madres que han perdido a sus hijos de esta manera, que se eleve una propuesta desde el Congreso para eliminar este tipo de beneficios a estas personas que además ya han sido sentenciadas de manera ejemplar”, puntualizó Gessica Vallejo.

A través de una entrevista con un portal sobre criminalidad, Brayan Campo se mostró como una persona inofensiva e indicó que tuvo una infancia difícil “porque mis papás se separaron desde muy pequeño, fueron desplazados por paramilitares y luego amenazados y desplazados por la guerrilla. Una adolescencia muy solitaria, porque fui hijo único y no vivía con mi papá, y mi mamá sufre problemas mentales a raíz de un accidente y quedó con problemas... ella no es normal y le heredé eso a ella”.

Intentando generar compasión, reitera Brayan Campo que su mamá “convulsionaba durante el embarazo y eso pudo haber generado que yo fuera como tan frío... Tan raro”.

Para justificar su crimen, aseguró que “días antes sentía desaliento y le cogí pereza a ir a trabajar, al estudio y cancelé el semestre, y le cogí pereza al gimnasio (...) estaba como aburrido y en la cabeza me imaginaba a una mujer, como una voz interna, me decía que cometiera ese delito”.

Consultados los especialistas sobre la facilidad con la que un delincuente condenado puede desde su sitios de reclusión crear un canal de Youtube o realizar entrevistas en las que no tienen filtro sus declaraciones, aseguraron que los únicos que pueden autorizarlas en el interior de los establecimientos carcelarios del país es la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

“Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que a las personas privadas de la libertad se les prohíbe el desplazamiento dentro de los sitios en los que están recluidos y pierden la libertad de locomoción y sus ejercicios políticos, pero, en relación con la libertad de opinión, es un derecho que no está claramente definido como una prohibición que le puede imponer un juez”, aseguró de manera extraoficial uno de los directivos del Inpec.

Para el sociólogo Carlos Charry, son razones por las cuales “tanto la Justicia como las autoridades penitenciarias deben hacer un estricto control de las comunicaciones y de los comunicados que muy probablemente de manera ilegal están haciendo estas personas”.

“Es que si una persona está privada de la libertad pierde el derecho a la libre expresión y esto sí debe ser, de alguna manera, objeto de discusión pública, porque estas personas están revictimizando a los familiares de las personas asesinadas. Es como el fenómeno de las fakenews, y es crear una realidad alterna de mentiras, de falsos argumentos, que no debería circular por respeto a la memoria de las víctimas y de sus familiares”, consideró el director de la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario.

Al respecto, el abogado penalista Élmer Montaña indicó que “un juez no le dice en la sentencia que a usted le queda prohibido opinar sobre ciertos temas. Eso rara vez lo hacen y, basados en ese asunto, incurren en este tipo de despropósitos; de que tienen de alguna manera la libertad de opinar, de comunicarse con sus familiares, de expresar ciertas opiniones, etc”.

“Pero eso de todas maneras tiene una regulación y es dentro del sistema penitenciario; lo que se busca es que esas opiniones que puedan dar, incluso haciendo uso de los medios de comunicación, no tiendan a revictimizar a las víctimas o a sus familiares, o puedan ser utilizadas para cometer delitos, que es a lo que tiene que prestar atención el sistema carcelario”, explicó.

“Son actitudes sociópatas”

Más allá del intento por mostrar una imagen engañosa de quienes en realidad son, aseguran los expertos, este tipo de videos lo que terminan es evidenciando el poco arrepentimiento que tienen y la personalidad narcisista de personas como Andrés Gustavo Ricci y Brayan Campo, aseguran los expertos.

Así lo explicó Carlos Charry, quien aseguró que, según el Manual de Diagnóstico Sicológico de los Estados Unidos en su última versión, “las actitudes de este tipo de personas son claramente sociópatas. Es decir, tiene un desprecio claramente evidenciado y expresado por los derechos y por el bienestar de las demás seres”.

“Son personas que, de alguna manera su sicopatía, por decirlo así, los hace ver el mundo desde su propia perspectiva; son autorreferidos, solamente piensan y ven la realidad desde sí mismos y desde cómo esto les beneficia, y siempre tratan de sacar el mayor provecho; es una conducta además reiterada en los violadores, en los estafadores, en los mentirosos compulsivos y en los narcisistas”, explicó.

El debate queda planteado, más todavía cuando la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ordenó una investigación por violación de las reglas del sistema penitenciario en casos como el de Ricci, “por utilización indebida de un sistema que está prohibido por el régimen penitenciario”.

Opinión

“¡Renuncie, Directora del Icbf!"

El país entero debería estar de pie exigiendo justicia. Esta semana se conoció el horror: un presunto violador estuvo a cargo del cuidado de niños y niñas en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá. Un monstruo vestido de profesor. Freddy Arley Castellanos Velasco fue capturado por abuso sexual contra mínimo una menor estudiante del Jardín Infantil Canadá Sede F, en la localidad de San Cristóbal de Bogotá. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cuántos filtros se omitieron? ¿Quiénes son los responsables?

La respuesta no puede seguir dilatándose. Es claro: la directora del ICBF, Astrid Cáceres, debe renunciar. No dentro de una semana, no después de una reunión, no cuando regrese el Presidente de su gira en China. Debe renunciar hoy. Y si no lo hace, el presidente Gustavo Petro debe pedirle su renuncia de inmediato.

No es posible que, ante hechos tan graves, la máxima autoridad del Bienestar Familiar siga al frente como si nada. No solo fallaron los protocolos, falló la política pública que ella misma diseñó: un modelo tercerizado, con contratación a dedo de operadores privados, que ha entregado a nuestros niños en manos de cualquiera. Ese modelo ha fracasado. Y ha dejado víctimas.

La directora ha dicho que los hechos “nos duelen”, que hay que revisar el modelo, que fue un “reemplazo”. ¿Eso le vamos a decir a las familias de los niños abusados? ¿Eso le vamos a decir a la infancia de este país? Las omisiones del ICBF en este caso no son menores: protegieron al agresor, dudaron de los testimonios, no activaron las alertas, ni suspendieron al operador. Ningún niño o niña debió vivir algo así bajo el amparo del Estado. Pero ocurrió. Y ocurrió en su administración.

Incluso el propio presidente Gustavo Petro, en su intervención del viernes 9 de mayo por la noche, reconoció el fracaso del modelo implementado por su gobierno. “Yo dije desde hace años que eso se debía acabar y no me han cumplido”, afirmó al referirse a la tercerización en la contratación de personal en los jardines infantiles. Esa crítica apunta directamente a la gestión de la señora Cáceres. El mismo presidente ya entendió que algo anda muy mal. ¿Qué más hace falta para actuar?

La responsabilidad política no se disuelve con pronunciamientos grabados en video. Se asume. Por eso desde el Congreso, como presidenta de la Comisión de Infancia de la Cámara de Representantes, exijo que la señora Cáceres se haga a un lado. Su permanencia es insostenible, y su renuncia es el primer acto de reparación con las víctimas. Cada día que pasa al frente del ICBF es una afrenta a la dignidad de los niños.

Hago un llamado a la ciudadanía, a los padres, a los cuidadores, a los educadores: no nos acostumbremos al horror. No permitamos que la infancia siga siendo atropellada por funcionarios que no hacen su trabajo. Movilicémonos, alcemos la voz. La directora debe irse. Y el Presidente debe actuar ya.

Los niños, niñas y adolescentes de Colombia no pueden esperar una semana más.

*Érika Tatiana Sánchez, Representante a la Cámara y Presidenta de la Comisión Accidental para la Protección de la Infancia y la Adolescencia.