Fiscalía aplicó extinción de dominio sobre millonarios bienes de los hermanos Meyendorff, excapos del Norte del Valle

Por más de 10 años el proceso de extinción de dominio que permitió la incautación de 362 bienes que pertenecerían a los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff, condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico mientras integraron el cartel del norte del Valle, estuvo casi que detenido. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció la primera decisión que revive el caso.

Todo se remonta a 2013, cuando la administración del exfiscal Eduardo Montealegre incautó 362 bienes, avaluados en $1,2 billones y que, según las investigaciones de la Unidad contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, pertenecían a los excapos del narcotráfico.

Desde ese momento empezó una dispendiosa labor que tuvo a su cargo tres fiscales, los cuales no avanzaron, hasta 2018, cuando según El Espectador, el fiscal José Uriel Acero García, retrató la realidad del expediente y ordenó desagrupar el proceso para que por fin lograra un avance.

“Lo que sugiere (el proceso) es una cruda realidad y es que este asunto no se finiquitará en un plazo razonable. Lo que se vislumbra es que no se puede determinar en cuánto tiempo más se pueda concluir la primera fase del proceso, como es la notificación de la resolución de inicio (del proceso) por cuanto hacen falta muchas personas”, dice un documento revelado por ese medio de comunicación.

Por eso ordenó dividir el expediente en dos subcasos. El primero de ellos reúne los bienes de las personas directamente relacionadas con la investigación y el segundo está conformado por ciudadanos que aparecen encabezando las propiedades luego de sucesivas ventas.

Desde ese momento no se conocieron mayores avances hasta hoy, cuando la Fiscalía decretó la procedencia de extinción del derecho de dominio sobre los 23 bienes. Es decir que el ente investigador encontró las pruebas para determinar que sí fueron adquiridos por los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez con recursos que provendrían del envío de cocaína a Estados Unidos y otros destinos internacionales, por lo que el proceso puede continuar ante un juez de la República.

Entre las propiedades figuran apartamentos, casas, lotes, oficinas, parqueaderos y empresas del sector agrícola, estético, comercial y automotriz en Bogotá, Cali y Palmira, Medellín y Girardot.

Según la Fiscalía, los bienes fueron puestos a nombre de personas cercanas al clan familiar. Asimismo, se constató que los capitales con los que fueron obtenidos también habrían sido mezclados con dineros de origen lícito con el propósito de evadir el control de las autoridades y darles apariencia de legalidad.