Fiscalía adelanta investigación a bandas criminales que buscarían atentar contra el alcalde Carlos Fernando Galán

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por posibles amenazas contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La indagación surgió tras conocerse información que vincula a bandas criminales dedicadas al microtráfico en Santander, las cuales, presuntamente, estarían planeando un atentado contra la vida del mandatario de la capital.

De acuerdo con el ente acusador, la alerta provino de una comunicación legalmente interceptada en el marco de una investigación que se adelanta contra estructuras del crimen organizado dedicadas al tráfico de estupefacientes. En esa conversación se menciona al alcalde Galán como un supuesto objetivo de ataque.

“No se ha restado importancia a ninguna de las informaciones conocidas, ni se ha proferido decisión de archivo alguno respecto de tales acontecimientos”, precisó la Fiscalía en un comunicado este jueves, 24 de julio.

A esta información se suma el hallazgo de fotografías del mandatario bogotano en el teléfono celular del adolescente involucrado en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido recientemente.

Ambos episodios fueron unificados por la Fiscalía por su relación en materia de investigación y asignados al Grupo de Trabajo Nacional de Amenazas (GTNA) de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con el fin de darles celeridad y un tratamiento integral.

La Fiscalía informó que ya se comunicó al alcalde Carlos Fernando Galán y a las autoridades encargadas de su seguridad sobre estas amenazas, con el propósito de reforzar sus esquemas de protección.

“La Fiscalía investiga la información derivada de una comunicación legalmente interceptada en la que se menciona al Alcalde Mayor de Bogotá como hipotético blanco de un ataque contra su vida”, señaló el ente investigador en un comunicado oficial.

El caso ha generado preocupación en la opinión pública y en sectores políticos, quienes han pedido a las autoridades nacionales y distritales fortalecer los esquemas de seguridad de los funcionarios públicos y redoblar los esfuerzos contra las bandas criminales que operan en diferentes regiones del país.