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Ministro de Hacienda reveló cuando será la segunda alza en la tarifa de los peajes de 2024
Desde el 1 de enero, los conductores se enfrentarán a un ajuste en las tarifas de los peajes. Algunos meses después se encontrarán con un segundo incremento.
En el marco del XX Congreso de la Infraestructura, dio a conocer que el primer incremento del 13,12% está programado para el 1 de enero, mientras que la segunda fecha quedó confirmada para el 1 de julio, la cual estará vinculada al Índice de Precios del Consumidor (IPC) de ese año.
El ajuste en las tarifas afectará a los conductores desde el 1 de enero de 2024, fecha que no solo marca el comienzo del nuevo año, sino también estrategia que será implementada por el Gobierno para abordar varios desafíos económicos, así como para tratar de fortalecer la infraestructura vial del país.
William Camargo, ministro de Transporte, destacó que el congelamiento de tarifas ha generado un déficit de 850.000 millones de pesos, situación que ha llevado a que el Gobierno autorice una adición presupuestal para cubrir los compromisos con las concesionarias.
Según lo confirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el primer ajuste previsto para el 1 de enero, las tarifas experimentarán un incremento del 13.12 %, reflejando la cifra de inflación del año 2022. Con esta medida se busca ajustar las tarifas de manera proporcional a los cambios en el costo de vida.
La decisión liga directamente las tarifas de peajes con las variaciones en los precios de bienes y servicios, ofreciendo de esta manera un enfoque dinámico para adaptar las tarifas a economía actual.
Debido a que la inflación anual registrada en el mes de octubre se situó en 10.48 %, y proyecciones de descenso para noviembre y diciembre, Bonilla estima un cierre del año en un 9,73%.
Esto podría significar un impacto en las proyecciones para la segunda alza de tarifas programadas para el mes de julio del próximo año.
Cabe indicar que el descenso en la inflación influirá en la percepción de los ajustes tarifarios y además dejará ver con mayor claridad las condiciones económicas y la capacidad que tiene el Gobierno para sostener la inversión en la infraestructura vial.
