Las consecuencias de cambiar la regla fiscal, como lo propone el Gobierno Petro

Hace unos días, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, junto con funcionarios del Ministerio de Hacienda, anunciaron que podría presentarse una posible modificación a la regla fiscal en Colombia. Esto ha generado incertidumbre y debate entre sectores políticos, económicos y empresariales, por la viabilidad de las cuentas que hace el Gobierno, y si esto garantiza que Colombia cumpla con sus deudas

Desde el Gobierno nacional se argumenta que la actual normativa fiscal en el país es “excesivamente inflexible” y ha planteado la necesidad de evaluar cambios en su estructura: “esto, obviamente, requiere una cuidadosa consideración, un análisis detenido de los posibles costos y la manera en que esto puede ser implementado”, afirmó González.

No obstante, aunque este tema, aunque puede parecer muy técnico para la mayoría de los ciudadanos, es importante entender por qué la modificación de la regla fiscal podría tener un impacto directo en la economía del país.

¿Qué es la regla fiscal y cómo funciona?

Para hacerlo muy sencillo, la regla fiscal es una herramienta de política económica, utilizada por la mayoría de los gobiernos, con el objetivo de mantener un control prudente sobre las finanzas públicas y prevenir desequilibrios fiscales excesivos.

En Colombia, la regla se estableció mediante la Ley 819 de 2003, y desde su creación ha experimentado múltiples modificaciones para adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas del país. El propósito es garantizar la estabilidad económica y fiscal a largo plazo, imponiendo límites y regulaciones en cuanto al gasto público y el endeudamiento gubernamental.

Entre los elementos clave de la regla fiscal colombiana se encuentran:

Sostenibilidad Fiscal: Garantiza que las finanzas públicas sean sostenibles a largo plazo, evitando que el Gobierno acumule deudas insostenibles que puedan conducir al país a crisis financieras.

Límites al Déficit Fiscal: Establece límites máximos para el déficit fiscal como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), lo que impide al Gobierno gastar más de lo que recibe en ingresos, en función del tamaño y el crecimiento de la economía.

Ciclo Económico: La regla fiscal colombiana es procíclica, lo que significa que limita el déficit o el endeudamiento durante los períodos de crecimiento económico y permite un mayor margen de maniobra durante las desaceleraciones económicas, evitando así que el gasto público sea una fuente de inestabilidad.

Consejo Fiscal: Colombia cuenta con un Consejo Fiscal independiente que supervisa el cumplimiento de la regla fiscal, evaluando la situación económica del país y emitiendo recomendaciones al Gobierno sobre las medidas necesarias para cumplir con los objetivos fiscales.

Transparencia y Rendición de Cuentas: El Gobierno nacional debe presentar informes regulares sobre la situación fiscal del Estado y el cumplimiento de la regla, aumentando la transparencia en la gestión financiera gubernamental.

¿Qué propone el Gobierno?

Las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional, se centran en la idea del presidente Gustavo Petro, de descontar las inversiones en conservación ambiental del pago de la deuda externa. Sin embargo, esta propuesta no ha recibido una respuesta favorable por parte de la comunidad internacional, pese a que la ha difundido en diversos escenarios, por ejemplo, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas.

En este sentido, se busca que los gastos en reforestación y transición energética no se contabilicen como gastos públicos de inversión corriente en las cuentas del Estado, lo que otorgaría un mayor margen de endeudamiento.

Según explicó Jorge Iván González, director de Planeación Nacional: “Estamos debatiendo cómo aliviar esta presión, comenzando, por ejemplo, con la exclusión de los recursos destinados al salvamento de activos ambientales, que tienen enormes beneficios futuros, de los gastos de inversión corriente. Esto generaría un margen fiscal más amplio”.

No obstante, las críticas y preocupaciones de los expertos se centran en la falta de una garantía clara de retorno financiero de estas “inversiones”, lo que sugiere que el uso de estos recursos debería seguir siendo considerado como gasto público.