La reforma laboral impactaría el déficit fiscal del país

Después de adelantarse las audiencias públicas donde gremios, sindicatos, líderes sociales y políticos manifestaron sus posturas frente al proyecto de reforma laboral, ayer se radicaron oficialmente dos ponencias: la del Gobierno y la de la senadora del Pacto Histórico Aída Avella, que incluyen algunos cambios frente al articulado aprobado en la Cámara de Representantes. Cambios, que buscan darle más beneficios a los trabajadores en temas como horarios nocturnos y pagos de dominicales y festivos.

No obstante, algunos empresarios y economistas advierten que este texto impactaría las arcas del Estado, que de hecho ya se encuentran debilitadas por un déficit fiscal que según proyecciones este año cerraría cerca al 7 %.

Para Alejandro Useche, docente de economía de la Universidad del Rosario, pese a que lo que se pretende con la reforma laboral es positivo, pues busca generar beneficios para los trabajadores principalmente en los horarios extra, debe pasar primero por un análisis detallado y responsable sobre su costo directo sobre el presupuesto nacional y sus impactos sobre el desempeño de la economía del país.

Por ello, considera “que a este proyecto le falta todavía una medición más detallada tanto del impacto fiscal como de las repercusiones sobre la actividad laboral y productiva del país”. Agrega que teniendo en cuenta la falta de análisis es que se han encendido las alarmas en los diferentes sectores “por su impacto fiscal y porque puede generar unos sobrecostos de la formalización del empleo, e incluso podría destruir puestos de trabajo en los diferentes sectores”.

Una opinión similar, tiene César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, quien señala que teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya presentó su concepto técnico del proyecto de ley de esta reforma, que “desde nuestra perspectiva sí deja de lado los temas que al final si van a repercutir, en la medida en que se busque endurecer más los costos salariales de la formalidad, naturalmente incide de forma negativa en las finanzas públicas. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, el presupuesto asignado a gasto de personal es cercano a $60 billones, es decir el 10 % del presupuesto general”.

Añade que “todo ese gasto de personal en la medida en que se endurezca la formalidad, va a afectar las finanzas públicas. No nos podemos olvidar que este Gobierno ha llegado mucho a las OPS (Órdenes de Prestación de Servicios), es decir la tercerización de los contratos, y bajo los esquemas planteados por la reformas se verían afectados, en la medida que se aumentarían las barreras para este tipo de contratación”. Recuerda que esto es delicado teniendo en cuenta que en Colombia la calidad del empleo ha desmejorado. “Entre el primer trimestre del año pasado y el mismo periodo de 2025, se crearon u millón de empleos, de los cuales el 80 % son informales”, afirmó.

Por su parte, Camilo Pérez, jefe de investigación del Banco de Bogotá, hizo énfasis en que cualquier planteamiento en pro de mejorar los derechos laborales, debe ir acompañado de un plan concreto que garantice los recursos. “No se puede aumentar el gasto sin fortalecer los ingresos del Estado. Si no hay un buen recaudo, las finanzas públicas se siguen deteriorando”, afirma.

Impacto económico

Si bien el propio Ministerio de Hacienda advirtió que al menos 20 artículos deben ser estudiados, para de determinar su incidencia en las cuentas fiscales, aclaró que esto les competería principalmente a entidades específicas y no a sectores, que es a donde van destinados los recursos del Presupuesto General de la Nación.

En su intervención en el Senado, Diana Carusso, asesora del ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que hay tres artículos que deben mirar con detenimiento por su posible impacto fiscal. Son ellos:

- Artículo 21, el cual está relacionado con el pago a estudiantes de medicina en internado. Según el texto de la reforma que pasó su trámite en la Cámara de Representantes tendría un costo anual aproximado entre $149.466 millones y $233.664 millones.

- Artículo 52, que establece ampliar la licencia de paternidad a cuatro semanas, impactando directamente el presupuesto de salud de la Adres.

- Artículo 59: Incluye medidas de protección laboral en procesos de descarbonización de la economía, es decir que buscan garantizar la continuidad de los empleos y la seguridad social de dichos trabajadores.