Guillermo Herrera, presidente de Camacol dijo que en 20 años el sector de la construcción no había tenido una caída tan pronunciada

diferentes escenarios, el gremio de la construcción viene advirtiendo que la caída en la venta de viviendas, que ya completa 15 meses consecutivos, puede tener graves repercusiones para la economía del país.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, cree que no será suficiente la ampliación a 50 mil subsidios anuales de Mi Casa Ya, anunciada por el Gobierno Nacional si no se toman medidas adicionales para corregir el represamiento que se viene dando desde hace más de un año en el sector.

En entrevista con Colprensa habló de esta crisis y de cuáles son los departamentos más afectados.

¿En qué estado está el sector de la vivienda en este momento?

Ya acumulamos 15 meses de deterioro, de caídas continuas en las ventas de vivienda en el país y en la iniciación de nuevas obras de vivienda. Los principales indicadores de actividad que son ventas e iniciaciones de vivienda ya acumulan más de un año de caídas continuas y eso claramente va a tener un impacto no solamente sobre los hogares que podrían haber aspirado a tener una vivienda o en los empresarios del sector, sino que ya empieza a evidenciar pérdida de empleos y lo que vemos es que entre enero y marzo de este año se dejaron de generar ya más de 44.000 empleos en el sector de la construcción, que es un sector que por lo general le pone el 7% de empleo formal al país.

¿Cómo se ha visto reflejada esa caída mes a mes durante estos 15 meses?

Desde febrero o marzo del año pasado las caídas han sido continuas, mes a mes, pero la curva o la pendiente de la curva de caída se empieza a agudizar a partir de octubre del año pasado, que coincide con el mismo mes en que se agotaron los recursos del subsidio de Mi Casa Ya.

Ese mes se pararon las asignaciones de subsidios, se pararon los desembolsos de subsidios y desde ese mes acá hemos llegado a unos niveles de caída que para mayo de este año superaron el 66%, alrededor de unas 5.500 unidades vendidas en mayo, muy inferior al promedio anual de los últimos tres años que eran cerca de 13.000 unidades mes e incluso por debajo de los niveles promedio de ventas de vivienda durante la etapa de confinamiento obligatorio que tuvimos en pandemia.

En pandemia, mientras estábamos encerrados, pensando que nos íbamos a morir, vendíamos en promedio 6.300 unidades al mes. Hoy estamos por debajo de esos promedios, incluso.

Si uno lo mira en un contexto de series más largas empieza a ver que este es un comportamiento atípico, o sea, una caída de 15 meses, yo creo que en 20 años que llevo en el sector nunca había visto una caída tan pronunciada.

¿Qué regiones han visto unas caídas más fuertes?

Las caídas son generalizadas. Yo veo muy golpeado a Bolívar. Por encima del 60 por ciento de caída veo a Norte de Santander, a Córdoba, Sucre y Valle del Cauca.

El Gobierno ha dicho que con la adición presupuestal se va a poner al día y va a aumentar el número de subsidios al año a 50.000. ¿Eso no es suficiente?

Lo que hemos visto es que se ha venido acumulando una gran cantidad de viviendas que ya están terminadas, pero que estaban pendientes más allá de la asignación de los recursos, de los desembolsos de subsidio. Hoy, la situación nos muestra que tenemos 52 mil viviendas que estarían terminadas en todo el país, pendientes de los recursos del subsidio.

De estas viviendas, 23.000 ya tenían el subsidio asignado desde el año pasado, pero ninguna de estas viviendas tenía el subsidio a la tasa de interés. El problema acumulado hoy son 52.000, pero a diciembre este problema ya no será de 52.000, sino de 90.000 viviendas porque siguen proyectos en obra, que se van a ir terminando cada mes y que van a quedar pendientes de esto.

Lo anunciado por la Ministra es un esfuerzo muy grande, lo reconocemos, lo celebramos. Pero para poder trabajar necesitamos contar con todo eso. Si no, vamos a volver a tener 23.000 viviendas terminadas con subsidio asignado y sin poder entregar porque no se puede desembolsar.

El riesgo, que ya se está concretando, es que se queden proyectos de vivienda sin terminar. ¿Eso ustedes ya lo están viendo?

Aquí hay dos cosas, los proyectos que no han nacido, que estaban lanzados, que seguramente ya tenían un punto de equilibrio en algún momento, pero que se van a cancelar, que no van a arrancar.

Lo que hemos visto es que la incertidumbre que ha generado los cambios en el programa la falta de financiación y la falta de señales de una política contra cíclica han llevado a que el promedio de cancelación de etapas de vivienda de interés social activas en el país haya pasado de un promedio del 7% al 18% de lo que va de este año. Eso es más o menos si es más de 7.000 viviendas que ya no se van a construir en el país.

Y lo otro es lo que está en obra y que se debería terminar este año. Calculamos que este año se van a entregar 90.000. Nuestra estimación de febrero de este año era que se iban a entregar 105.000. Vemos que se ha venido disminuyendo la actividad de construcción y ya se empieza a evidenciar en las cifras del Dane, que hay un incremento de cerca del 16% en área paralizada en construcción.

¿Qué hay que hacer para reactivar el sector, qué se necesita?

Creo que es muy importante revisar cuál es la propuesta del Gobierno Nacional de un plan contracíclico que anunció el presidente Petro y que, desde el lado de la oferta, desde el lado del empresariado, cuenta con una gran oportunidad porque hoy tenemos 347 proyectos con punto de equilibrio, con más de 100.000 viviendas que podrían arrancar construcción para su entrega durante el próximo año o los próximos dos años, generando más de 200.000 empleos.

Y la otra parte que le hemos propuesto al gobierno nacional es que hay que ponerse al día también con Mi Casa Ya porque pues hoy tenemos un represamiento importante de viviendas, un represamiento importante de hogares, que ya compraron y que están esperando o que les asignan el subsidio o los que ya tienen subsidio que les desembolsen los recursos, que son dos temas diferentes, una cosa es asignar y otra cosa es desembolsar. Y para eso se requiere que el número de cobertura sea igual al número de subsidios otorgados cada año.

Y, finalmente, necesitamos un régimen de transición porque los cambios que ha tenido el programa de Mi Casa Ya han generado muchas dificultades. Hogares que ya habían pagado su vivienda desde hace 12 meses o más, año y medio o dos años, no puedan acceder a los recursos sin tener que ir a hacer la vuelta el Sisbén.

El Sisben implica que los hogares tengan que ir a hacer una cola para un trámite público en un sector donde los beneficios del subsidio deben enfocarse más a la capacidad de endeudamiento de los hogares.

Y pasando a otro tema, ¿les preocupa que se insista en la reforma laboral?

Claro que nos preocupa el tema de la reforma laboral. A través del Consejo Gremial Nacional, se han expresado los puntos de vista de todos los empresarios en relación con el encarecimiento de costos y pues la dificultad sobre la generación de más empleo formal y que seguramente lo que va a promover es más informalidad.

Específicamente para nuestro sector, lo que vemos frente a la reforma laboral es que desconoce la naturaleza de un negocio como la construcción, que es un negocio que tiene estacionalidades y que la vinculación de colaboradores, de empleados, de subcontratistas depende del comportamiento de las ventas y de las iniciaciones de vivienda.

Si en un año vendimos 200.000 viviendas, seguramente en año y medio tenemos que construir 200.000 viviendas, pero si un año se nos cayeron las ventas a 100.000 viviendas pues no vamos a necesitar la misma cantidad de fuerza laboral para construir 200.000 viviendas.

Es un sector que necesita mucha mano de obra especializada en capítulos de la construcción pues van uno detrás del otro en el tiempo.

¿Por qué cree que se insiste en la misma propuesta y no se aceptan cambios?

Creo que hay un desconocimiento de cómo funciona esta dinámica económica. ¿Qué va a generar eso? Los temas de estabilidad que se proponen, la eliminación de los contratos a término definido, la eliminación de la subcontratación, podría implicar incluso incrementos en el costo directo de producción de vivienda que puedan superar el 33 35%. Recordemos que la vivienda de interés social tiene precios topes y la mayoría de los proyectos genera una rentabilidad que está por debajo del 5%.

Entonces, en la medida en que esos costos se tengan que estirar tanto se acaba la oferta, se empieza a deteriorar la oferta de interés social.

Por Javier Molina y Luis Carlos Gómez, periodistas de Colprensa