El Consejo Gremial Nacional cuestiona las notas macroeconómicas del Ministerio de Hacienda sobre la inflación

Por medio de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional ha realizado una revisión exhaustiva del documento de las notas macroeconómicas presentado por el Ministerio de Hacienda bajo el título “Seller´s Inflation en Colombia”.

Este análisis, basado en el estudio “Why Can Large Firms Hike Prices in an Emergency” de Isabella Weber y Evan Wasner, ha generado inquietudes y reservas por parte de los representantes gremiales, entre los que están Acopi, Acoplásticos, Analdex, Anato, Andi, Andesco, Asobancaria, Asocaña, Asocolflores, Asofiduciarias, Asofondos, Asomovil, Camacol, entre muchas más agremiaciones.

¿Qué sacó roncha?

El Ministerio de Hacienda planteó una polémica tesis, basada en algunos estudios, que indicarían que la inflación en Colombia se habría visto impulsada en los últimos años por mayores utilidades de las compañías.

“Lo anterior obedece, principalmente, a que las firmas aumentaron sus precios aprovechando un mayor poder de mercado, originado en la presencia de disrupciones de oferta exacerbadas por una creciente demanda”, aseguró el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

El documento señala que en Colombia, al igual que en otras economías, “la contribución de las utilidades a la inflación reciente ha sido mayor que la contribución de los salarios”.

Ante esto, planteó el Gobierno que se deben considerar diversas estrategias para enfrentar esta situación como política monetaria, impuestos a las ganancias extraordinarias o medidas que fomenten una mayor competencia.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, comentó al respecto que el estudio mencionado aún “no ha surtido un proceso de revisión para su publicación como artículo académico” y que no se podría asociar un aumento de inflación al incremento de utilidades.

Observaciones de los gremios

En el contexto económico colombiano, el estudio propuesto por la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda busca explorar las complejidades subyacentes a las dinámicas inflacionarias recientes. Sin embargo, el Consejo Gremial Nacional destaca la necesidad de un examen más detallado, considerando la diversidad y singularidad del entorno económico del país.

Teniendo en cuenta que mucho de la economía de Colombia recae en la informalidad y en la dependencia de las importaciones. El análisis que hace este consejo presenta 21 comentarios, dudas y reservas sobre las conclusiones del documento del Ministerio de Hacienda. Algunos de los puntos clave incluyen estas observaciones:

1. El Consejo Gremial Nacional señala que el documento ministerial se basa en un estudio desarrollado para mercados norteamericanos y de la OECD, lo que presenta diferencias significativas con la estructura económica colombiana, caracterizada por la presencia de un gran sector informal y una marcada dependencia de productos importados.

2. Aunque el estudio del Ministerio de Hacienda reconoce las causas de la inflación en los últimos 24 meses, como las restricciones en la cadena logística y los efectos meteorológicos, el Consejo destaca que no se abordan adecuadamente factores como los bloqueos del año 2021 en el aparato productivo, particularmente en renglones agropecuarios.

3. Se critica la asignación unilateral de responsabilidad a las empresas en el comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, sin considerar la participación de múltiples actores internos y externos en la economía colombiana. Además, se señala el error de asumir un mercado oligopólico sin tener en cuenta la reducción de la oferta y el aumento de la demanda, especialmente en el sector agropecuario.

4. El estudio menciona que el aumento de utilidades en productos derivados de la minería y el petróleo podría impulsar la inflación, pero no considera que estos precios están determinados por mercados internacionales y no por criterios locales, afectando mínimamente a los mercados locales.

5. En el caso del servicio público de electricidad, se critica la falta de consideración del desequilibrio entre demanda y oferta, con un aumento significativo de la demanda sin un crecimiento correspondiente en la oferta.

6. El estudio no reconoce la importancia de la economía informal en Colombia y sus particularidades, especialmente en la producción de alimentos, donde muchos pequeños productores no tienen capacidad para fijar precios.

7. La simplificación del análisis en tres categorías (impuestos, utilidades y costo laboral) es criticada por el Consejo, que destaca la influencia de factores como regulación, tasa de cambio, precios internacionales, y eventos como bloqueos y paros que en el documento no son tenidos en cuenta por el Ministerio.

8. Se critica la falta de consideración de factores externos como la invasión de Rusia a Ucrania, impactando los precios globales de alimentos. Además, se menciona la falta de reconocimiento de condiciones climáticas y sanitarias en la oferta de alimentos.

9. Se argumenta que el modelo de deflactores no identifica correctamente las causas y efectos, y la relación entre inflación, utilidad unitaria, costo laboral unitario y el impuesto unitario es cuestionada.

10. El estudio minimiza el impacto inflacionario de políticas monetarias y fiscales expansivas, así como los costos y externalidades negativas en la cadena de abastecimiento.

11. Se destaca que el análisis identifica los mayores costos en orden opuesto a las conclusiones del estudio, lo que genera dudas sobre la validez del modelo.

12. La focalización del documento en la utilidad unitaria, que aparentemente tiene el menor impacto, contrasta con las explicaciones dadas por otros analistas económicos y autoridades gubernamentales.

13. Los documentos técnicos de instituciones como el Banco de la República o el DNP subrayan que esas ideas son responsabilidad de los autores y no necesariamente comprometen a la institución. En este caso, el Ministerio se apresuró a avalar este paper.

14. Se resalta la falta de oligopolios en la producción agropecuaria colombiana y se destaca la dispersión de la economía, con el 98.1% de las empresas registradas como microempresas.

15. Se cuestiona la metodología empleada, incluyendo la medición de precios solo de bienes producidos en Colombia y la limitada representatividad de la muestra utilizada en el modelo base.

16. La definición de utilidades unitarias se critica por omitir o subestimar factores como el costo del capital y las obligaciones tributarias.

17. Se argumenta que el modelo base no es generalizable para explicar la inflación en sectores distintos a los que pertenecen las empresas analizadas.

18. Se refuta la afirmación de que las empresas colombianas han incrementado precios por encima de los costos, citando pérdidas postpandemia y un aumento marcado en el índice de precios al productor.

19. En contraste con lo señalado por el documento técnico, el Índice de HerfindahlHirschman (IHH) calculado a partir de los activos de las empresas reportados en el Registro único empresarial y social (RUES) muestra que la concentración de mercado en el país se ha mantenido constante hasta 2023. De igual manera, en el RUES se registran 1,7 millones de unidades productivas, cifras que muestran el alto nivel de informalidad en el país, al compararlas con las registradas en la Encuesta de Micronegocios del DANE para 2022, 5,1 millones de unidades productivas. De esta manera, se reitera que las empresas informales no están registradas ante las autoridades gubernamentales.

20. La propuesta de aumentar impuestos a las empresas contradice la intención de hacer competitiva a la actividad empresarial colombiana.

21. Se hace un llamado a un mayor debate y comprobación empírica de las teorías presentadas, instando al equipo técnico del Ministerio de Hacienda a considerar los puntos antes de llegar a conclusiones que puedan estigmatizar al sector empresarial colombiano y llevar a decisiones de política equivocadas.