Contraloría destapó irregularidades en la Nueva EPS: 11 millones de usuarios estarían en vilo por la grave crisis

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reveló hallazgos preocupantes sobre la gestión administrativa y financiera de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, que atiende a más de 11 millones de afiliados.

En medio de la crisis que vive el sistema de salud colombiano, el ente de control ordenó una investigación a dicha EPS, que incluyó una actuación de policía judicial, con el fin de acceder a la información financiera de la entidad, debido a que esta no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para las vigencias 2023 y 2024.

Por lo anterior, el Contralor advirtió que esta falta de transparencia se repite en el sector salud y genera obstáculos para conocer con precisión el uso de los recursos destinados a la atención de los colombianos.

En el caso de la Nueva EPS, Rodríguez Becerra, señaló que la Contraloría encontró limitaciones significativas con relación a la calidad y seguridad de los datos. “Ello nos ha permitido evidenciar es que la nueva EPS no cumple con los atributos esenciales de un sistema de información que nos garantice trazabilidad, consistencia y sobre todo certeza de la información y de los datos”, dijo.

Hallazgos críticos

Los resultados de la vigilancia evidenciaron una serie de prácticas que comprometen la trazabilidad y el correcto manejo de los fondos públicos.

Uno de los que más llama la atención es el hecho de la que la Nueva EPS tiene pendientes de legalizar anticipos por $15,3 billones al corte del 30 de junio de 2025. El hallazgo evidencia graves deficiencias en la gestión financiera de la entidad que hoy concentra la mayor afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. “En tanto no haya soporte de la obligación, el pago sigue siendo un anticipo, no un gasto devengado ni una obligación extinguida”, dijo el Contralor.

Otro de los hallazgos reveló que la Nueva EPS incumplió de manera reiterada el Decreto 441 de 2022, que regula la contratación en el sistema de salud. “La ausencia de notas técnicas, soportes documentales, modalidades de pago claras y población objetivo definida dificultan verificar la suficiencia financiera y aumentan el riesgo de desvío de recursos y pagos duplicados”, manifestó el ente de control.

Igualmente, en la investigación se hallaron irregularidades en la legalización de los anticipos a las IPS con las que tenía contratos por “pago de evento”, pese a que esta modalidad exige que el pago se haga después de la prestación del servicio.

En este sentido, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que la no legalización oportuna de anticipos “pudo haber impedido identificar recursos no ejecutados por las IPS, que debieron ser reintegrados al sistema de salud”.

Otros hallazgos

1. Facturas sin revisión: Existen 13,7 millones de facturas, por un valor de $13,2 billones, que no fueron auditadas. Esto implica un riesgo elevado de pérdida de recursos del Estado, pues facturas con glosas u objeciones pudieron quedar en firme sin que se reclamaran los montos correspondientes.
2. Inconsistencias en la información financiera: La Contraloría encontró diferencias entre los datos recaudados mediante policía judicial, la información de fuentes oficiales como la ADRES y los reportes entregados por la Nueva EPS a la plataforma de la entidad (APPUI), lo que genera dudas sobre la veracidad de los registros de ingresos y giros.

Las acciones anunciadas

El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra anunció que continuará con las actuaciones necesarias para determinar el daño fiscal y los presuntos responsables. La delegada de salud del ente de control será la encargada de liderar las diligencias, mientras que se solicitará información adicional a otros actores del sistema. De ser necesario, se hará uso nuevamente de las facultades de policía judicial para garantizar el acceso a la información completa y fidedigna.

Este pronunciamiento se suma a las crecientes alarmas sobre la crisis de transparencia y sostenibilidad del sistema de salud colombiano, donde los vacíos en el control financiero comprometen la prestación de servicios a millones de ciudadanos.