Alivio para usuarios: La Corte elimina reportes negativos en Datacrédito y otras centrales de riesgo

Durante años, el historial crediticio en Colombia ha sido una herramienta decisiva no solo para acceder a créditos, sino también a vivienda, empleo e incluso educación. En ese contexto, las centrales de riesgo, como Datacrédito y TransUnion, han registrado el comportamiento financiero de millones de ciudadanos, reflejando tanto los pagos cumplidos como los incumplimientos.

Sin embargo, una reciente decisión de la Corte Constitucional introdujo un cambio trascendental en la forma en que se maneja esta información, especialmente en casos de reportes negativos o fraudes por suplantación de identidad.

Se trata de la Sentencia C-413 de 2025, mediante la cual la Corte revisó y aprobó, con condiciones, una ley que busca proteger a las víctimas de falsedad personal. Dicho fallo establece que quienes hayan sido víctimas de suplantación no deben cargar con reportes negativos en su historial financiero por deudas o servicios que nunca solicitaron.

Asimismo, el alto tribunal analizó el proyecto como ley estatutaria, dado que regula derechos fundamentales como el manejo de datos personales.

Tras su revisión, la Corte declaró la constitucionalidad de la mayoría de los artículos, aunque modificó algunas expresiones del artículo 5, al considerar que podrían prestarse a interpretaciones erróneas o vulnerar derechos como el buen nombre, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Lo que quiere decir que, con la entrada en vigor de esta norma, las entidades financieras o comerciales deberán corregir de inmediato los reportes cuando una persona demuestre que fue víctima de suplantación. Además de esto, deberán añadir una anotación visible que diga “Víctima de falsedad personal”, la cual no podrá ser usada para negar créditos o afectar la calificación financiera del afectado.

Suspensión de los cobros

Otro aspecto clave del fallo es la suspensión inmediata del cobro de deudas en los casos de suplantación reportada. Si una persona informa que alguien usó su identidad para adquirir una obligación que no reconoce, la entidad deberá detener cualquier cobro, incluyendo intereses y embargos, mientras se aclara la situación.

La víctima contará con 20 días hábiles para interponer una denuncia ante la Fiscalía. Si presenta pruebas que confirmen el fraude, la entidad deberá cancelar la deuda y reembolsar los pagos realizados indebidamente.

En caso de que no se radique la denuncia dentro del plazo, la empresa podrá retomar el cobro, pero solo después de una investigación formal.

La Corte también explicó que esta medida busca evitar que los ciudadanos sean castigados por delitos que no cometieron, y obliga a las entidades a fortalecer sus mecanismos de verificación de identidad antes de aprobar créditos o servicios.

¿Borrón y Cuenta Nueva 2.0?

Paralelamente a esta sentencia, el Congreso colombiano avanza en la discusión del proyecto de ley “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, una iniciativa que pretende dar una segunda oportunidad a millones de ciudadanos que, pese a haber pagado sus deudas, continúan excluidos del sistema financiero por reportes negativos.

El proyecto, considerado una actualización de la Ley 2157 de 2021, busca corregir sus limitaciones y ampliar su alcance en un contexto económico difícil, marcado por la inflación y las altas tasas de interés. Entre sus principales medidas se destacan:

• Plazo de un año para ponerse al día o llegar a acuerdos de pago con las entidades financieras.
• Eliminación exprés de reportes negativos en un máximo de dos meses después del pago de la deuda.
• Efecto retroactivo, que permitirá limpiar los historiales de quienes ya cumplieron sus obligaciones antes de la vigencia de la ley.
• Beneficios para deudores del Icetex, quienes podrán salir de listas negativas tras seis cuotas consecutivas de pago.
• Cobertura ampliada a sectores como vivienda, microempresas, agro y turismo.

Aunque la iniciativa apenas fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, se proyecta que, de convertirse en ley, beneficiará a más de 14 millones de colombianos.