Acuerdo de Escazú: MinAmbiente habla sobre cómo cambiará la aprobación de proyectos en Colombia

La manera como se aprobarán los proyectos de infraestructura en el país sufrirá un cambio contundente; se deberá contar con la aprobación de las comunidades que están en su entorno.

En esencia, eso es lo que señala el llamado Acuerdo de Escazú que el pasado lunes recibió luz verde por parte de la Cámara de Representantes. Le falta la conciliación en el Senado para que pase a sanción presidencial.

Se llama Escazú porque fue adoptado en marzo del 2018 en una ciudad de Costa Rica que lleva ese nombre.

Su objetivo es garantizar la implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de contribuir a la protección del derecho de cada persona a vivir en un ambiente sano.

Se trata del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

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La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, habló sobre lo que significa ese acuerdo y cómo puede cambiar la forma en la que se aprueban los proyectos en Colombia, desde el punto de vista ambiental.

¿Qué significa el Acuerdo?

Firmamos un convenio que nos pone a mejorar la calidad de la información ambiental para que la ciudadanía pueda participar de forma más garantista en las decisiones ambientales.

Vamos a hacer un proceso de reglamentación y de trabajo responsable que repercuta en que todo proyecto de desarrollo tenga en consideración las preocupaciones de las comunidades, sea mejor diseñado y, por lo tanto, tenga mayores beneficios.

¿Qué tipo de ajustes regulatorios tendrá que hacer Colombia?

Las autoridades ambientales tendrán que invertir de forma importante en sistemas de información, que tengan en cuenta la parte ambiental y la situación de los recursos naturales, de forma clara, que pueda ser legible por parte de la ciudadanía.

Lo segundo es que vamos a trabajar en una ruta de derechos humanos, ya con los puestos de mando unificado estamos aunando ese esfuerzo, para que la defensa del ambiente y los defensores del mismo tengan un derecho de participación, que no los lleve a la estigmatización y muchas veces a la criminalización, que termina en situaciones de amenazas contra la vida de estos defensores.

Tercero, tenemos que trabajar en fortalecer las veedurías ambientales en cuanto a cualificación, recursos logísticos y técnicos que les permitan participar el debate.

Y cuarto, cambiar unas reglamentaciones internas en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y otras normativas para que los procesos de participación sean más incidentes en las decisiones ambientales de las autoridades.

¿En concreto, qué tipo de ajustes necesitarían los mecanismos de participación vigentes como las consultas previas?

Específicamente queremos que las audiencias públicas se vuelvan obligatorias en el proceso de licenciamiento ambiental y no como hoy, que son voluntarias. Que estos criterios que dan las comunidades sean tenidos en cuenta por parte de las autoridades.

Por ejemplo, que las audiencias ambientales cuenten con el tiempo suficiente para que la participación ciudadana pueda ser escuchada seriamente; que haya protocolos internos de la Anla para que pesen las preocupaciones de la ciudadanía en las decisiones y en las definiciones de los proyectos.

¿Cómo será el proceso para definir la reglamentación del acuerdo?

Las rutas de derechos humanos ya las estamos trabajando con las plataformas de derechos humanos del país y también se hará una propuesta para ser consultada y debatida con todos los sectores.

¿Qué otras obligaciones tendrá Colombia con la entrada en vigor del acuerdo?

Creo que tiene una implicación más amplia, no solo para el sector ambiental, sino también para que el Estado se comprometa a ser más transparente en sus decisiones sobre el desarrollo y sobre las implicaciones del desarrollo, para que podamos planificar con tiempo, antes de que se entreguen proyectos con contratos, que se generen procesos de legitimación y de incidencia sobre las consecuencias.

Esto tiene para el sector ambiental la implicación de mejorar sus líneas bases ambientales, que sean también públicas para empezar a orientar a los sectores del Gobierno Nacional sobre sus decisiones en el desarrollo. Por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de agua en una región, tener claridad de las áreas protegidas y las exclusiones de ciertas actividades.
Hasta ahora esa información no ha sido clara o ha sido ambigua y nos ha generado múltiples conflictos ambientales.

¿Qué falta para que el proceso de ratificación culmine y el acuerdo entre en vigencia?

Falta una conciliación en el Congreso, luego el examen de constitucionalidad de la Corte para que ya pase a ser, si es aprobado por la Corte, sancionado por el presidente y se vuelva Ley de la República.

¿Qué les dice hoy a aquellos que no comparten la ratificación del Acuerdo de Escazú?
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Vamos a hacer una mesa con el sector privado para escuchar esas preocupaciones y poder despejarlas y, sobre todo, generar procesos que nos permitan mejores decisiones públicas, que incluyan las necesidades de todos los actores y que podamos, por lo tanto, generar proyectos integrales de desarrollo en beneficio de lo público en Colombia.

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Creo que ese es el compromiso y el mensaje que les daría. Que haya claridad en las reglas del juego, contar con mejor información ambiental, tener una participación más incidente y legítima por parte de las comunidades.

Esperamos que baje la conflictividad, aumente la certidumbre del tipo de proyectos y las realidades de esos proyectos y, por lo tanto, mejore realmente el clima de inversión.

Yo creo que contrario a los miedos que puedan existir, que esto va a frenar el desarrollo, lo que va a hacer es cualificar el desarrollo y generar mejores decisiones que precisamente generen más claridad para las empresas privadas sobre los proyectos.

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, CIEV, formuló algunas inquietudes sobre el llamado Acuerdo de Escazú.
El director del organismo, Edwin Maldonado, sostuvo que si bien el acuerdo tiene unos fines generales loables, consideramos que Colombia ya cuenta con instrumentos legales y constitucionales de amplia participación ambiental.

“Desde el CIEV respetuosamente solicitamos que se inicie un proceso que dé claridad acerca de los alcances e impactos en el desarrollo regional, dado que es importante dar seguridad jurídica a los proyectos, obras o actividades empresariales, tanto públicas como privadas, por ejemplo, la reapertura de procesos ambientales que cuentan decisiones en firme, como es el caso de las licencias ambientales”, dijo.

Agregó que dichos procesos podrían ser de nuevo puestos a discusión, y esto al sector productivo le genera incertidumbre.

“Sin duda creemos que esto es necesario que sea analizado y revisado por el Gobierno Nacional en pro de generar condiciones estables para las inversiones”, añadió.

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Las firmeza que se les dé a las decisiones establecidas en licencias ambientales y permisos generará las condiciones de estabilidad que se necesitan para continuar con las inversiones en diferentes materias de la producción, así como para la continuidad del desarrollo sostenible del país, expresó el señor Maldonado.

Uno de los interrogantes que deberá solucionarse en esta región del país está relacionado con la futura vía que se construirá entre Mulaló y Loboguerrero, clave para las actividades de comercio exterior del sur del país.

Ya se habían logrado algunos avances en relación con la comunidad del sector de Mulaló, sin embargo, los líderes empresariales del Valle del Cauca se preguntan si dichos avances se van a interrumpir o si por el contrario se seguirá discutiendo con base en los logros del Gobierno Nacional anterior.