Familias en el Cauca viven entre el secuestro, la desaparición y la zozobra: “Nos sentimos vulnerados”

“Hace un tiempo uno podía caminar libremente, ir a la hora que fuera a cualquier lugar, más que todo en el campo, donde la gente tiene su tierra o sus animales, pero ahora no lo podemos hacer, tenemos miedo de que nos pase algo y eso da muchísimo dolor”, narró Natalia Zapata, tía del soldado profesional Juan David Buitrón, secuestrado el 26 de agosto en el municipio de Balboa.

El uniformado de 21 años estaba en la casa de su abuela, en el corregimiento Guadualitos, cuando hombres armados lo sacaron de allí y se lo llevaron. La última información que tuvieron sobre él fue el pasado 26 de septiembre, cuando recibieron una prueba de supervivencia por medio de la Cruz Roja.

“La Cruz Roja nos dice que tenemos que tener un poco de paciencia, pero nos desespera que desde septiembre no sabemos nada de él. Nos sentimos bastante vulnerados porque todo el departamento es peligroso”, dijo Natalia.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el secuestro es una muestra de que “la violencia ha alcanzado un deterioro humanitario sin precedentes desde el Acuerdo de Paz”, lo que genera preocupación, puesto que los habitantes temen ser víctimas de estos hechos.

Para Carlos Rojas, el aumento de los plagios demuestra que los grupos armados ilegales están buscando maneras de obtener recursos para continuar con su accionar criminal: “Es una fuente de recursos que genera zozobra, inseguridad y efectos adicionales, como el desplazamiento masivo de grupos de campesinos, indígenas y afros hacia centros urbanos como Cali, Bogotá o Medellín”.

Además, a través de estos hechos también buscan demostrar control territorial, pues las principales ganancias económicas las obtienen del narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, “hechos victimizantes como el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado de menores o la amenaza y asesinato de líderes sociales son hechos intimidantes que les sirven a las organizaciones criminales para ganar miedo en la población y consolidar su control territorial”, explicó Carvajal.

Por otra parte, la desaparición forzada es otro de los delitos que afectan directamente a las comunidades que están bajo el control territorial de grupos armados al margen de la ley, lo que “indica que esta es una práctica utilizada para ejercer control social, eliminar liderazgos comunitarios o imponer órdenes de gobernanza ilegal”, se señaló desde la Defensoría.

El organismo humanitario indicó que en 2024 se registraron 18 casos de este delito, mientras que entre enero y agosto de 2025 se han presentado 24.

El 64 % de las víctimas tiene entre 28 y 58 años, el 24 % más de 68 años y los de entre 18 y 28 años representan el 11 % de los desaparecidos.

Este flagelo lo padece hace seis años la familia de Cindy Viviana Barón, quien desapareció el 28 de mayo de 2019, cuando se desplazaba desde Cali hasta Corinto, para negociar la compra de un lote. La mujer viajó junto con su novio y cuatro personas más.

En el casco urbano de ese municipio caucano se reunieron con quienes supuestamente harían el negocio “y desde ese momento no sabemos nada de ella, su novio ni las otras personas que estaban con ellos”, narró Lady Johanna Barón, hermana de la víctima.

Según pudieron determinar, para conocer el terreno usaron la moto de Cindy y un carro. “La moto de mi hermana nunca apareció y el carro en el que iban apareció quemado a los dos días, en el terreno de Corinto”, precisó Lady, quien aseguró que los habitantes del municipio ayudaron a las familias afectadas a interponer las denuncias y a alzar la voz para dar con su paradero, pero que todos los esfuerzos fueron en vano.

La familia de Cindy se desplazó hasta Corinto y confirmó que la desaparición estuvo a cargo de un grupo armado al margen de la ley, ya que uno de sus integrantes afirmó que la mujer tenía en su billetera un documento de la Policía Nacional. “Lo que nos dijeron nos confirmó que ellos la tuvieron en su poder, porque solo nosotros sabíamos que ella cargaba ese carné en la cartera. Mi hermana estuvo casada con un policía, pero estaban separados; a pesar de eso, ella seguía figurando como beneficiada”, afirmó Lady con tristeza.

Actualmente, su familia continúa buscando respuestas y tener la certeza de qué sucedió con Cindy Viviana Barón, quien tiene una hija que recientemente cumplió 12 años.

“Pedimos al Estado que nos colabore, porque no fue una sola persona la que se perdió, aunque yo hablo por mi hermana, somos seis familias las que no sabemos qué pasó con nuestros seres queridos”.