Control del narcotráfico, detrás del recrudecimiento de la violencia en Cauca: radiografía una crisis humanitaria

“Todos descansaban en sus casas cuando se escuchó un fuerte estruendo con ese candelazo tan bravo; eso hizo retumbar mi residencia, al punto que se quedó sin ventanales ni puertas, por la fuerza de la explosión”, narró Julio Correa, comerciante de Suárez, tras el atentado terrorista perpetrado allí por el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, que detonaron un vehículo con pólvora el pasado 3 de noviembre.

“Una vez más, la guerra pretende arrebatarle la tranquilidad a nuestras comunidades, ¡hoy en Suárez! Rechazamos de manera contundente el atentado perpetrado contra la Estación de Policía en el Cauca. La violencia no puede ser el lenguaje de quienes buscan el poder desde el miedo. Se necesita fortalecer la presencia integral del Estado en el departamento, con más garantías de seguridad”, afirmó entonces el gobernador de ese departamento, Octavio Guzmán.

El mismo día, sobre las 8:00 de la noche, Omar Henry Guachetá, de 44 años; Yoselín Daniela Dagua, de 26; Gustavo Conda, de 44, y Paula Andrea Pérez Ríos, de 18, fueron víctimas de una masacre registrada en el municipio de Corinto, lo que pone de manifiesto la difícil situación humanitaria y de orden público que se registra en la vecina región.

Según se conoció, hombres armados entraron a una discoteca de la localidad y dispararon contra las personas que departían en el lugar.

Con angustia, los pobladores comenzaron a ayudar a los heridos, tratando de salvar la vida de quienes permanecían inmóviles en el suelo.

La situación humanitaria en el Cauca ha alcanzado niveles que alarman no solo a las autoridades, sino también a los habitantes, quienes temen ser víctimas de múltiples delitos en el territorio. Sin embargo, luchan cada día para salir adelante, a pesar del abandono estatal que aseguran estar sufriendo.

Una muestra de la compleja situación quedó plasmada en el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo titulado ‘Cauca: Voces que resisten’, en el que se señala que la violencia persiste y se transforma, dejando a la población civil en una posición de constante peligro.

Los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona son principalmente los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño, que hacen parte del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Además, en ese departamento también delinquen el ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Estado Mayor de los Bloques y el Frente y la Segunda Marquetalia, además de grupos de delincuencia común y mafias internacionales dedicadas al narcotráfico.

El motor de la violencia

Entre los motivos de la escalada de violencia se encuentra la lucha por el control territorial entre los grupos armados al margen de la ley en un departamento en el que el 58 % de los predios son rurales.

“Dada su ubicación cercana a la zona fronteriza, a través de Nariño con Ecuador y con el océano Pacífico, el Cauca se ha consolidado como un punto estratégico para el cultivo, la transformación y la comercialización de hoja de coca y marihuana”, se indicó en el extenso informe de la Defensoría del Pueblo.

Para Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador independiente de GobLab en políticas comparadas de Latinoamérica, estas economías ilegales “son el catalizador más importante de toda la dinámica de violencia que se traduce en un movilizador efectivo que logra no solamente darle gasolina a los grupos armados ilegales, es decir, tener recursos y capacidades para poder confrontar la Fuerza Pública, sino que también les da la fuerza en el control territorial”.

El control de las rutas del narcotráfico genera inseguridad en la población civil, ya que los grupos al margen de la ley ejercen control contra quienes están en contra de la siembra de hectáreas de coca, entre ellos los líderes sociales.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Cauca fue la zona más afectada por el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2025, con 38 de 161 casos.

El municipio con mayor número de homicidios fue Páez, con cuatro; seguido por Argelia, Balboa, Corinto, Santander de Quilichao y Toribío, con tres casos cada uno.

De acuerdo con el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica Iván Carvajal, el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína en el departamento hace que las comunidades que no están de acuerdo con la expansión territorial sean “victimizadas con desplazamientos forzados, con asesinatos de líderes sociales, con amenazas y con destierros de esos defensores”.

Por ello, para los expertos, el problema trasciende de una tensa situación de orden público para convertirse en una afectación a los Derechos Humanos.

“Debe haber más contundencia de la Fuerza Pública y se debe retomar la erradicación forzada, porque no hay forma de que con la voluntaria se hagan más pequeños los cultivos. La erradicación forzada no significa el uso del glifosato, sino arrancar la mata de raíz, porque eso puede debilitar las finanzas ilegales”, aseguró Carvajal.

Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo tiene un sistema de Alertas Tempranas para advertir los riesgos inminentes de orden público y las violaciones de los Derechos Humanos en el país. Actualmente, el Cauca tiene 26 alertas activas, las cuales se focalizan en Argelia, Almaguer, Buenos Aires, Bolívar, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Guapi, Guachené, Jambaló, López de Micay, Miranda, Morales, Páez, Patía, Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Silvia, Suárez, Sucre, Timbiquí y Toribío.

El organismo humanitario ha identificado el accionar de grupos armados ilegales, los cuales dinamizan sus economías ilícitas y atemorizan a la población de estas zonas.