Tres hombres beneficiarios del Sisbén tenían bienes por más de $25.000 millones

José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero son tres hermanos que, en pocos meses, pasaron de ser desempleados, afiliados al Sisbén, a alcanzar una fortuna avaluada en $25.000 millones en lujosos bienes en el departamento de La Guajira.

El caso generó sorpresa entre quienes conocían a los protagonistas de esta historia y notaron el cambio exagerado en su estilo de vida de manera casi repentina.

Esto hizo que la situación terminara llegando a la Fiscalía General de la Nación, donde, tras una investigación, se logró determinar que ninguno de los tres hermanos, tenía cómo demostrar su riqueza.

“Los hermanos José de Jesús, Juan Salvador y Erwin Rafael Pérez Escudero figuraban como beneficiarios del Sisbén, no registraban ingresos financieros formales, ni desempeñaban una actividad económica estable; sin embargo, aparecían como propietarios de nueve casas y 11 lotes avaluados en algo más de 25.000 millones de pesos”, señaló el director de extinción del derecho de dominio, José Iván Caro.

Tras una minuciosa revisión, la entidad investigadora pudo constatar que las propiedades de los Pérez Escudero presuntamente serían producto del narcotráfico.

Al parecer, los tres hermanos harían parte de una organización criminal dedicada al envío y tráfico de estupefacientes a Centroamérica.

Este cartel de drogas habría logrado transportar grandes cantidades de cocaína y las ganancias terminaron invertidas en propiedades.

Según explicó al Fiscalía, “los Pérez Escudero harían parte de un clan familiar señalado de acopiar grandes cantidades de cocaína en municipios de La Guajira y Cesar, y coordinar su salida marítima por el Caribe colombiano a Curazao y Aruba, de donde eran enviadas a países de Europa”.

La investigación indicó entonces que los bienes que estos hombres habrían logrado acumular, y los cuales fueron objeto de extinción de dominio, serían el resultado de una alianza criminal con narcotraficantes que se habría materializado en la compra de inmuebles, vehículos y ganado.

“En ese sentido, algunos de los bienes detectados fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales materializaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en diligencias realizadas en Maicao y Riohacha (La Guajira). Otras propiedades recibieron medidas de carácter jurídico”, afirmó la Fiscalía.

Tras el operativo adelantado por las autoridades, las propiedades ahora pasarán a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para que se haga cargo de ellas.

De acuerdo con la Fiscalía, estos bienes, sumados entre sí, están avaluados en más de $25.000 millones.