Tras 8 años de la tragedia, Procuraduría ordenó acelerar reconstrucción de Mocoa

La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa técnica en la que participaron el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Alcaldía de Mocoa y la entidad ENTerritorio con el propósito de revisar el estado de los proyectos de vivienda y de mitigación del riesgo en esa ciudad, afectada en 2017 por una avalancha que dejó más de 300 muertos.

Durante el encuentro, el ente de control dio seguimiento a la liquidación de los contratos de obra 243 y 24, suscritos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 9677-PAAL001-217-2017, y que estaban destinados a la construcción de 909 viviendas para los damnificados por la emergencia.

También se verificó el avance del proyecto Sauces III, correspondiente a la edificación de 87 soluciones habitacionales. En ese mismo bloque, las autoridades evaluaron el cumplimiento en el pago de subsidios de arriendo otorgados a las familias que aún no han recibido vivienda definitiva.

La delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial de la Procuraduría, Alana Alvis Calderón, anunció que continuará acompañando el proceso junto con veedurías ciudadanas y autoridades del orden local y nacional, con el fin de superar los cuellos de botella en la ejecución y recuperar la confianza con la comunidad afectada.

En la sesión también se estableció que en junio se adelantará la verificación de la liquidación de contratos de obra no ejecutados. El objetivo será reintegrar los recursos y redirigirlos al contrato interadministrativo firmado entre la Ungrd y ENTerritorio, lo que permitiría agilizar la ejecución de obras aún pendientes.

Respecto a las intervenciones en materia de mitigación del riesgo, las entidades evaluaron el estado contractual de los proyectos en las zonas alta, media y baja de Mocoa.

Además, se revisaron las fechas previstas para su ejecución, liquidación y entrega, incluyendo las obras realizadas en las cuencas de los principales ríos que atraviesan el municipio.

La Procuraduría reiteró que su función en estos espacios se enmarca en la vigilancia preventiva. Señaló que no tiene competencias de coacción ni de coadministración, y explicó que su rol busca anticiparse a posibles vulneraciones de derechos humanos, así como promover la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

El 31 de marzo y el primero de abril de 2017, una avalancha provocó el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como las quebradas La Taruca y La Taruquita, que afectó a 48 barrios y dejó 332 fallecidos, más de 400 heridos, 77 desaparecidos y más de 22.000 damnificados.

*Con información de Colprensa.