Procurador Eljach tumbó sanción a Luis Pérez, exsuperintendente de Petro

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach, tumbó la sanción de destitución e inhabilidad que el organismo de control le impuso en mayo de 2024 al exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas.

El Ministerio Público, entonces liderado por Margarita Cabello, determinó que Pérez modificó, sin justificación, la lista con los nombres de quienes se postularían a los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación. Al parecer, el exsuperintendente del gobierno Petro habría agregado personas que inicialmente no eran parte de la lista de postulados.

A pesar de que la Procuraduría lo había destituido e inhabilitado por 12 años, el hoy procurador revirtió la orden en un proceso de segunda instancia.

El auto que se conoció este viernes expone que las pruebas presentadas no demostrarían que el entonces superintendente haya usado su cargo con funciones diferentes a las que tenía, por lo que no se le habría garantizado el debido proceso como corresponde.

“Dicha inconsistencia, persistió durante todo el proceso, desde el pliego de cargos e incluso hasta las decisiones definitivas de primer y segundo grado que culminaron con la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce años a Luis Guillermo Pérez Casas”, detalla el auto del Ministerio Público.

Ante la decisión, Pérez se pronunció en su cuenta de X, señalando que Eljach encontró “las innumerables irregularidades cometidas en el proceso disciplinario”.

“El señor Procurador honra su mandato, restablece la justicia y hace respetar mis derechos humanos, mi reconocimiento y agradecimiento por ello, por su compromiso con los derechos humanos y la paz de Colombia, reivindicó su mensaje el día que fue electo”, escribió en esa plataforma Pérez.

Hay que recordar que la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos fue impuesta por un periodo de 12 años, luego de que la la Sala Disciplinaria de Juzgamiento encontrara que el entonces funcionario incurrió en dos cargos cuestionables.

El primero estaba relacionado con un aporte solidario que el exsuperintendente les pidió a los directivos de las cajas de compensación en favor de la “paz total” de Buenaventura en diciembre de 2022.

Y su otra conducta estuvo relacionada justamente con los cambios en la resolución de agosto de 2022 sobre una lista de elegibles para escoger a directivos y agentes especiales de cajas de compensación. Esta decisión inicialmente fue considera por el Ministerio Público como “sin justificación constitucional”.