Ministerio de Hacienda suspende concurso de notarios en Colombia por denuncias de irregularidades

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció este martes la suspensión del concurso público de méritos para el nombramiento de notarios, la primera convocatoria de este tipo en más de una década.

La decisión, firmada por el ministro Germán Ávila, se justificó en “limitaciones presupuestales”, aunque llega en medio de advertencias de la Procuraduría General de la Nación y fuertes críticas del presidente Gustavo Petro.

El documento oficial, revelado por El Tiempo, ordena detener la ejecución del contrato suscrito con la Universidad Libre, encargada de la logística del concurso. La medida impacta directamente un proceso que buscaba cubrir cerca de 300 vacantes en notarías del país, reemplazar encargos provisionales y abrir espacio a nuevos profesionales dentro de la carrera notarial.

La Procuraduría había alertado días antes sobre presuntas irregularidades que podrían comprometer la transparencia. Entre las principales preocupaciones está la ausencia de un calendario oficial de actividades, lo que genera un vacío que, según expertos, pone en riesgo la legalidad del proceso.

Para César Lorduy, expresidente del Consejo Nacional Electoral, “sin fechas no hay concurso, no hay garantías y no hay transparencia”.

Las críticas también llegaron desde el Gobierno. El presidente Gustavo Petro advirtió a través de su cuenta en X sobre posibles casos de corrupción alrededor de la convocatoria.

Según el mandatario, “se habla de mil millones por cupo en las notarías, incluso cenas pagas para asegurar nombramientos”. En un segundo pronunciamiento, insistió en que el proceso parecía acelerarse “extrañamente antes de elecciones”, lo que aumenta las sospechas de presiones políticas.

Expertos en temas jurídicos señalan que la suspensión tendrá consecuencias significativas.

Para Pedro Sarmiento, socio de la firma Crowe Colombia, la medida frena la entrada de nuevos notarios por mérito y abre la puerta a nombramientos discrecionales. “La intervención política en procesos que deberían ser estrictamente técnicos compromete la credibilidad institucional”, advirtió.

Las advertencias de la Procuraduría no se limitan al calendario. En una comunicación dirigida al superintendente Roosvelt Rodríguez Rengifo, el organismo de control señaló que los aspirantes no cuentan con mecanismos para defenderse si son excluidos o mal calificados.

El diseño actual del concurso no permite recursos ni apelaciones contra las decisiones del operador (Universidad Libre) ni del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN), lo que, en palabras de la entidad, vulnera el derecho fundamental a la defensa.

Otro punto crítico identificado es la potestad del CSCN para definir qué puede o no cuestionarse, lo que restringe el acceso a la justicia y podría violar el principio de legalidad.

La Procuraduría exigió a la Superintendencia entregar, en un plazo de dos días hábiles, toda la información relacionada con fechas, documentos y actos de delegación. Además, pidió publicar este requerimiento en SECOP II, con el objetivo de garantizar la transparencia y el control ciudadano.

Con la suspensión, Colombia vuelve a quedar sin un concurso público notarial en firme, lo que prolonga la provisionalidad en el sector y genera incertidumbre sobre la manera en que se harán los próximos nombramientos.