Más de 4000 personas están confinadas en sus casas en Buenaventura por guerras entre grupos armados

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció ayer sobre los confinamientos que viven más de 4000 personas en el Bajo Calima, en Buenaventura, por el recrudecimiento del conflicto armado y también sobre los ataques con drones en el Catatumbo que cobró la vida de un niño de 12 años.

Según explicó la funcionaria, durante dos días junto con el Acnur y una representante de la Sala Especial de Seguimiento a Desplazados de la Corte Constitucional, “evidenciamos el grave deterioro de la situación humanitaria de los derechos humanos que enfrentan las comunidades del Bajo Calima, en el Distrito de Buenaventura”.

Según dijo, la persistente presencia y disputa violenta entre el ELN y el Clan del Golfo quien actúa en alianza con el Frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, ha generado una alarmante crisis que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4000 personas, en su mayoría, pertenecientes al Consejo Comunitario de Bajo Calima y al pueblo Wounaan del resguardo Santa Rosa de Guayacán.

“Estas comunidades se habían retornado en diciembre de 2023 y junio de 2024 después de haber estado desplazadas prolongadamente en el coliseo y albergues en el casco urbano de Buenaventura y en Cali”, expresó Marín.

Dijo también que la intensificación del conflicto armado en lo corrido del 2025, ha provocado que las comunidades retornadas, estén viviendo nuevamente la violencia, “40 confinamientos masivos y nuevos desplazamientos como las 46 familias de la comunidad La Esperanza ocurridos en Semana Santa“.

De igual manera, denunció “homicidios selectivos, uno de los cuales se había presentado el día anterior a nuestra visita, presencia de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, reclutamiento forzado, de niños, niñas y adolescentes, desapariciones y violencia sexual, entre otros crímenes”.

Esta situación, agregó la Defensora, estaba advertida en la Alerta Temprana 039 de 2023. Señaló, igualmente, que "líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos ejercen su labor en medio de amenazas, estigmatización y una escasa presencia institucional".

Estas dos comunidades, aseguró Marín, piden garantías para su retorno digno y seguro, “no quieren volver a desplazarse”.

El Catatumbo

Entre tanto, según la Defensora, en el Catatumbo sigue la guerra. En la noche del 15 de mayo, en la vereda 20 de julio del municipio de Tibú, fueron arrojados artefactos explosivos desde un dron, lo que causó la muerre de un niño de tan solo 12 años, y dejó heridos a su mamá, a cinco niños y a tres adultos.

“El Frente 33 se refirió a la situación y lamentó el hecho, pero pidió a las comunidades no dejar utilizar las casas como escudo seguro de ningún actor armado”, comentó con ironía la Defensora ante la posición del grupo armado.

Según Marín, lo anterior demuestra que el Frente 33 al igual que lo hace permanentemente el ELN irrespeta sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario, especialmente el principio de distinción entre combatientes y civiles.

Agregó que justifican su accionar despediado señalando a la población civil de ser cómplice o simpatizantes de uno u otro grupo armado.

“Ahora, niños resultan asesinados y responsabilizan a las comunidades de sus crímenes, esto es inaceptable y extremadamente doloroso. El Frente 33 de las disidencias está en camino a la paz y al desarme, o está escalando la guerra contra el ELN tomando represalias contra la población civil”, cuestionó duramente Marín al grupo subversivo.