Impactantes audios de generales (r) del Ejército imputados por la JEP en Antioquia: “Lo que cuentan son las bajas”

Cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales, quienes pertenecieron a la Brigada IV del Ejército con sede en Medellín, fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su presunta responsabilidad en 442 “falsos positivos”, ocurridos en Antioquia entre 2004 y 2007.

Los generales llamados a responder, y quienes ya se encuentran en retiro, son Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, de homicidio y desaparición forzada.

Junto a los generales fueron imputados otros 35 oficiales y suboficiales. Se trata de integrantes de seis batallones de la IV Brigada: Batallón de Infantería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez, Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5, Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot, Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral y el Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrio.

De acuerdo con la investigación, todos participaron de alguna manera en esos crímenes ocurridos entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, identificados en por lo menos 270 hechos. Todo ello, según la JEP, con el propósito de presentar sus cuerpos como falsas bajas en combate y poder responder así satisfactoriamente a la presión ejercida por los altos mandos de la Brigada IV y de las distintas unidades militares, para preservar su carrera militar y obtener prestigio y beneficios.

Lo que reveló la investigación

Para llegar a este punto, la JEP contrastó lo dicho por 146 antiguos miembros de las distintas unidades de la Brigada IV, libros oficiales con las notas de los programas radiales de los comandantes con sus tropas, las hojas y folios de vida de decenas de oficiales y suboficiales y centenares de documentos operacionales aportados por los comparecientes o hallados en los archivos de la Brigada y de los batallones inspeccionados.

Las personas asesinadas fueron en su mayoría hombres jóvenes (413 de las 442 víctimas), 19 mujeres (15 de ellas asesinadas en el oriente antioqueño) y, del total, 26 eran niños y niñas. La mayoría de las víctimas eran campesinos, habitantes de barrios populares de Medellín y su área metropolitana y personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Es así como la JEP determinó que los militares cometieron esos crímenes de guerra bajo las órdenes, lineamientos y directrices que los generales daban y sus mensajes cotidianos a las tropas en sus programas de radio, en los que incluso contaban permanentemente y de manera obsesiva y pública el número de muertes de cada batallón.

“Estos grupos adoptaron la práctica sistemática de asesinar civiles indefensos, ajenos al conflicto armado colombiano. Asimismo, la JEP documentó casos de combatientes de grupos armados que, tras rendirse o quedar fuera de combate por ser capturados o heridos, fueron ejecutados y presentados como bajas en combate, infringiendo el derecho internacional humanitario (DIH)”, explicó la JEP.

A cambio, recibían felicitaciones, permisos, medallas, condecoraciones, planes vacacionales, anotaciones positivas en los folios de vida que luego se traducían en ascensos, comisiones al exterior y cursos prestigiosos en Colombia y el exterior.

Si no cumplían, llegaban las amenazas de ser expulsados del Ejército, de no salir a permiso o vacaciones, de ser trasladados a unidades militares en territorios minados o con presencia activa de las guerrillas, regaños, recriminaciones, burlas públicas y otros castigos.

Así, por ejemplo, el general González Peña insistió a las tropas en programas radiales emitidos el 17 y 21 de marzo de 2004: “Lo único que cuentan son las bajas”, “las capturas no nos sirven para nada” y “lo único que sirve es dar de baja al enemigo”.

Ese tipo de afirmaciones fueron replicadas por Rodríguez Clavijo, ejerciendo presión y amenazando a los hombres bajo su mando.

“A-6 (…) cuando va a hacer una baja mi mayor, un mayor de infantería y no ha hecho una bajita, si usted no lo hace, yo lo meto allá donde esté el enemigo, póngase las pilas mi mayor”, le dijo a la tropa, en un programa radial del 14 de diciembre de 2006.

Siguiendo el discurso de los generales, el Oficial de Operaciones de la IV Brigada, Juan Carlos Piza Gaviria, ordenaba diariamente: “Tenemos que por lo menos completar las 30 bajas este mes”.

“A la fecha 25 de julio llevamos solamente 241 bajas. Si seguimos con esa tónica de tres bajas diarias, al término del mes lograremos completar por lo menos 20 bajas”; “nos quedan 48 horas para aumentar los resultados. Por lo menos completar los mismos del año pasado. Faltan 8 bajas para completar 30″; “en este momento se llevan 264 bajas en la brigada, en este mes el año pasado se llevaban 46 bajas y hasta el momento llevamos 16, lo que quiere decir que estadísticamente estamos lejos, entonces tenemos que presionar a todas las unidades para que arrojen resultados”, fueron algunas de sus órdenes y expresiones.

En ese contexto, la JEP agregó que la Política de Defensa y Seguridad Democrática así como el Plan Patriota hicieron explícita la importancia de definir y medir los resultados obtenidos con un sistema de seguimiento y evaluación, basado en indicadores de gestión y resultados, que permitiera entender los efectos de su implementación.

Antioquia es el departamento de Colombia que, entre los años 2002 y 2008, concentra el mayor número de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en el país por parte de agentes del Estado, para presentar a las víctimas como falsas bajas en combate. De acuerdo con el Universo Provisional de Hechos del Macrocaso 03 (6.402 víctimas), una cuarta parte (25,19%) de este tipo de asesinatos ocurrió en territorio antioqueño.

Una vez notificados, los 41 imputados tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. También pueden presentar argumentos o evidencia adicional.

Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para hacer observaciones sobre lo determinado en esta decisión judicial. Si los comparecientes aceptan los cargos, la JEP convocará una audiencia pública en la que reconocerán su responsabilidad y aportarán verdad ante el país y con la participación activa de las víctimas.

Los comparecientes también podrán rechazar su responsabilidad y optar por la vía adversarial. En dicho caso serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, para que esta decida si los acusa ante el Tribunal para la Paz. Después de un juicio, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.

*Con información de Colprensa.