Fiscalía deberá entregar a la JEP información sobre la desaparición forzada de 546 miembros de la fuerza pública

En cumplimiento de la medida cautelar nacional ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) en 2024, la Fiscalía General de la Nación, deberá entregar, en un plazo de 45 días, información que permita avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de 546 miembros de la fuerza pública víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.

Este requerimiento pretende contribuir al proceso que la organización adelanta con las víctimas de este flagelo, con el propósito de garantizar el derecho a la memoria y la verdad.

Asimismo, la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional (SIJIN), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberán cumplir con esta solicitud.

Esta decisión permitiría agilizar la ubicación de los miembros de la fuerza pública desaparecidos, mediante la articulación de esfuerzos institucionales con el fin de avanzar en su identificación.

El Ministerio de Defensa reportó, durante una audiencia realizada el 12 de diciembre de 2024, la desaparición de forzada de estos 546 miembros de la fuerza pública.

Según los datos entregados por esta cartera, entre las víctimas de este delito están incluidos 384 soldados del Ejército Nacional, 139 uniformados de la Policía Nacional, 13 miembros de la Fuerza Aérea y 10 de la Armada Nacional.

En esta sesión, se expusieron las acciones tomadas para implementar la Ley 2364 de 2024, destinada a proteger los derechos de las mujeres que buscan víctimas de desaparición forzada.

El detalle de esta información es de carácter reservado debido a la investigación judicial. No obstante, su presentación general representa un avance clave en las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las víctimas y esclarecer estos casos.

Además del plazo otorgado a la Fiscalía General de la Nación, la sección también ordenó al MinDefensa precisar los documentos de identificación de 62 de las víctimas en un término de 10 días.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator de la medida cautelar nacional, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para superar las barreras estructurales que han dificultado los procesos de búsqueda e identificación.

“En la línea de trabajo de búsqueda de miembros de fuerza pública desaparecidos, hemos tomado la decisión de prorrogar por 45 días el plazo solicitado por la Fiscalía, entidad que viene haciendo un trabajo arduo, juicioso y competente investigando estas desapariciones. En virtud del trabajo mancomunado entre la JEP y la Fiscalía, se ha otorgado este plazo para que pueda recabar la información necesaria que nos conduzca a ubicar y lograr la identificación plena de los militares desaparecidos”, dijo el magistrado.

A través de la SARV, la JEP ha emitido 23 medidas cautelares para proteger puntos de interés forense en todo el país.

1.701 cuerpos se han exhumado como resultado de estas órdenes, de estos, 173 han sido identificados y 98 entregados dignamente a sus familias.