Fiscal Camargo ordenó investigar posible cooptación de integrantes del Ejército por parte de las disidencias de las Farc

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó iniciar una investigación en el caso de una posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc.

Según el ente investigador, también se indaga sobre amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.

Todo esto tras la revelación de los supuestos nexos entre jefes de las disidencias de las Farc y dos funcionarios del Estado: el General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En la investigación de Noticias Caracol se menciona el hallazgo de armamento y dinero en una caravana custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que viajaban siete jefes de disidencias de las Farc, el 23 de julio del 2024, en Anorí, Antioquia.

Allí se menciona que fue la propia Luz Adriana Camargo, quien ordenó la libertad de la mayoría de los jefes que habían sido detenidos previamente, debido a que eran gestores de paz y no podían ser capturados.

En el documento enviado por la Fiscalía General de la Nación se menciona que en los hechos presentados en Anorí, Antioquia, en donde transitaban Alexander Díaz, alias Calarcá, junto a seis personas más, fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos, los cuales fueron sometidos a cadena de custodia.

“Dos equipos forenses adscritos a la Policía Nacional se encargaron de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital, emitiendo cinco informes técnicos, el último de los cuales se presentó el 26 de junio a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Medellín, que ha tenido a su cargo la investigación por estos hechos”, señaló la entidad en la misiva.

El análisis de datos fue ordenado por dicha fiscal el 24 de septiembre, junto con un despliegue de actos investigativos, para ser validados como evidencia ante la judicatura, información que continúa en proceso de verificación.

La Fiscalía mencionó que los elementos incautados han servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia. Además, tres de los integrantes de la caravana fueron judicializados por porte ilegal de armas, por el que aceptaron cargos y fueron condenados cumpliendo actualmente pena de prisión.

En el documento, la Fiscalía aclaró que ese día no fueron capturados alias Caracas ni tres acompañantes más porque previamente habían sido suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra y las que pudieran emitirse en el futuro.

Sobre la investigación realizada por la fiscal de la dirección especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, la Fiscalía aclaró que ni el despacho de Luz Adriana Camargo, “ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, recibió durante el transcurso de estos 16 meses reportes o copia de la información recaudada, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.

El ente investigador insistió en que los dispositivos recuperados, de donde se extrajo la información, han estado desde su incautación bajo la custodia de la Dijín.

“Resulta alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”, señaló.

Además, insistió en que los fiscales delegados actúan con autonomía en el ámbito de sus facultades y que, como corresponden investigaciones de alto impacto, la información se gestiona bajo estrictos protocolos de reserva legal para proteger la integridad de la evidencia.