El general Juan Miguel Huertas asegura no tener vínculos con disidencias de ‘Calarcá’

El brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado dentro del escándalo por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”, aseguró no tener ningún tipo de relación colaboración, acercamiento o acuerdo con ese o cualquier otro grupo ilegal.

Lo hizo a través de un comunicado en el que aseguró que los “archivos” incautados a alias “Calarcá”, carecen de soporte verificable, “no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”.

Agregó que es materialmente imposible que haya ofrecido movilidad o protección a guerrilleros al mando de “Calarcá”, ya que dice que nunca tuvo a cargo esquemas de seguridad o vehículos oficiales, en los cuales persuadiera la seguridad de los puestos del control de la fuerza pública en todo el país o en los protocolos de seguridad para el ingreso a guarniciones militares.

“En relación con la intención de crear una empresa de seguridad que sirviera como fachada para obtener beneficios económicos y garantizar la movilidad de personal armado al margen de la ley, dichas afirmaciones son incompatibles con la realidad de mis funciones, con mi historial profesional y con la documentación oficial que respalda mi conducta, durante toda mi carrera militar ha estado dedicada a combatir la ilegalidad, no a protegerla”, aseguró.

El origen del escándalo

El caso surgió a partir del análisis de computadores, celulares y memorias USB incautados el 23 de julio de 2024 en un retén militar en Anorí, Antioquia. Ese día, una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) transportaba a siete jefes de las disidencias del Estado Mayor Central, incluido alias “Ramiro”.

Aunque los disidentes portaban elementos que sugerían delitos, la Fiscalía ordenó su liberación inmediata porque tenían suspendidas las órdenes de captura como supuestos gestores de paz. Sin embargo, los dispositivos quedaron bajo cadena de custodia y su contenido fue revelado más de un año después por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Los archivos incluyeron correos, chats y documentos que señalaron contactos directos entre el general Huertas, el funcionario Mejía y los líderes del grupo armado ilegal.

Uno de los documentos más relevantes fue una carta del 8 de febrero de 2024, en la que un integrante de las disidencias relató una reunión en Bogotá con el general Huertas. Allí, según el texto, el oficial propuso crear una empresa de seguridad “mitad y mitad”: él tramitaría los permisos y los disidentes aportarían hombres y armamento.

El plan era empezar con una compañía de 20 integrantes y avanzar primero con permisos para pistolas, para luego intentar permisos para fusiles, con lo que se buscaba legalizar la movilidad del grupo armado bajo una fachada empresarial.

El papel de los implicados

Los documentos mencionaron que el general Huertas habría ofrecido garantías de seguridad para los desplazamientos del grupo ilegal, indicando que su vínculo con el Presidente permitiría que los disidentes no fueran detenidos en los puestos de control.

También señalaron que Huertas fue retirado del Ejército en 2022 por el entonces comandante Enrique Zapateiro, pero reintegrado posteriormente durante el gobierno del presidente, Gustavo Petro, donde fue ubicado en un cargo clave en el manejo del personal y de los traslados internos de la institución.

Además del general, los archivos mencionaron a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Testimonios bajo anonimato indicaron que, gracias a su cercanía con disidentes, grupos del Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar habrían accedido a información privilegiada que les permitió esquivar operativos de la Fuerza Pública.

Según fuentes citadas en la investigación periodística, Mejía también participó en reuniones con delegados disidentes en Colombia y Venezuela y habría intervenido en contactos para avanzar en la creación de la empresa de seguridad que permitiría legalizar armas y uniformes del grupo armado.

Mejía negó todas las acusaciones y afirmó que se trataba de un montaje.

Según la información revelada, la fiscal general Luz Adriana Camargo conocía del contenido de los dispositivos desde hace más de un año, pero no existen procesos penales abiertos contra los funcionarios mencionados.

Consultados por el medio de comunicación, ni los implicados ni la Casa de Nariño entregaron respuestas concretas sobre los señalamientos. Las fuentes dentro de las disidencias reiteraron que las comunicaciones y vínculos descritos eran reales.

Información de Colprensa.