La insólita recomendación hecha a los guardianes del Inpec ante el anuncio del plan pistola en su contra

El temor es latente. Tanto que es difícil lograr que integrantes del cuerpo de Guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o sus directivos decidan hablar de la situación de seguridad por la que atraviesan a raíz de las amenazas de grupos delincuenciales.

La más reciente intimidación circuló el pasado 6 de junio en la que una organización que se hace llamar Mago (Muerte a Guardianes Opresores) anuncia una persecución contra el personal del Inpec en todo el país a raíz de la decisión, al parecer con fines de extradición, de mover de cárcel a alias Pipe Tuluá, el jefe de la banda criminal La Inmaculada surgida en Tuluá (Valle).

“Declaramos un plan pistola en contra del Instituto Nacional Penitenciario ‘Inpec’ a nivel nacional a partir de la fecha y hasta nueva orden”, dice el grupo criminal aduciendo que a ‘Pipe Tuluá’ le hicieron un montaje en la cárcel con un supuesto plan de fuga porque el jefe de La Inmaculada evitó un atentado contra el jefe de los llamados Comandos de Frontera.

Esa misma noche, dos civiles y cuatro guardianes del Inpec resultaron heridos luego de que fuera lanzado un artefacto explosivo en la entrada de la cárcel de Villahermosa, ubicada en el barrio Villanueva, en Cali.

Al día siguiente, hombres armados atacaron con disparos la cárcel de Buga, donde por fortuna no hubo personas lesionadas, y casi de manera simultánea fue abandonado un artefacto explosivo en inmediaciones de la cárcel de Tuluá y que no llegó a detonar.

“Ya se adelantan desde la Dirección Regional acciones con los organismos de seguridad para reforzar los protocolos en las áreas perimetrales de las cárceles de la región”, puntualizó el Inpec en un comunicado.

“Como empleados del sistema carcelario nos preocupa que el Inpec y la Policía entreguen un parte de tranquilidad porque se extremaron las medidas de seguridad a las instalaciones carcelarias. ¿Y los guardianes? ¿Y el anunciado plan pistola? ¿Los que están en peligro y con amenazas son los muros de las cárceles o los guardianes?”, se pregunta un funcionario de la cárcel de Villahermosa, en el oriente de la capital del Valle.

En memorandos nos dicen ‘cuidense, no vayan a ciertos lugares; pero es más como un lavadero de manos que una estrategia en la que sintamos esas garantías laborales”.

Ever Gómez, sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup).

Agrega la fuente, cuya identidad se reserva por temas laborales y de seguridad, que “es absurdo que el Gobierno Nacional haga unos acuerdos o promesas a los internos en las mesas de negociación de un acuerdo de paz con estas organizaciones, como ellos aseguran, y que sea el eslabón más débil de la cadena, el guardián, el que tenga que pagar con su tranquilidad y su vida el precio del incumplimiento”.

La única medida que se ha tomado desde la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para proteger a los funcionarios fue restringir en la Regional Occidente las remisiones de los privados de la libertad a citas médicas, no llevarlos a diligencias judiciales y se frenaron los traslados a otras cárceles.

El vicepresidente de la seccional Jamundí del Sindicato de empleados Unidos Penitenciarios (Seup), Ever Oswaldo Gómez Peña, cuenta que el panorama es desolador para quienes se encargan de custodiar a las personas privadas de la libertad en varias de las cárceles del Valle del Cauca.

“El panorama actual de las cárceles en el Valle es una zozobra total. Es el abandono del Estado ante la falta de garantías en seguridad para poder ejercer nuestra labor. Porque el hecho de ser funcionarios del Estado no significa que nosotros seamos partícipes de las decisiones que se toman, pero eso nos ha conllevado amenazas de organizaciones como La Inmaculada o esta organización de los Magos”, señala Gómez.

En las peores condiciones

En diálogo con algunos funcionarios y exfuncionarios del Inpec en el Valle del Cauca queda también en evidencia la precariedad de las condiciones laborales y de seguridad en las que permanecen los guardianes.

A la falta de estrategia claras de protección se suma el abandono de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, encargada en materia logística y administrativa del funcionamiento del sistema carcelario.

“No tenemos las herramientas ni los medios coercitivos para poder generar un seguro frente a esas amenazas. Hoy los funcionarios del inpec estamos trasladando a los privados de la libertad en carros normales, no tenemos ningún carro blindado, faltan chalecos antibalas con sus actualizaciones vigentes, faltan gases, faltan elementos de comunicación como radios, falta de armamento. Entonces nosotros la verdad es que trabajamos con las uñas”, explicó Ever Gómez, del sindicato Seup.

“En Jamundí tenemos alrededor de cinco mil internos y uno o dos carros para transportar guardias de turnos o para remisiones; eso no le cabe a nadie en la cabeza. Por parte de la Dirección del Inpec no hemos tenido una respuesta directa sobre qué se ha hecho por la seguridad de nosotros, más allá de unos oficios donde nos dicen que debemos cuidarnos, no salir uniformados, no estar en lugares públicos y cambiar la ruta de llegada a las cárceles, cuando en el caso de Jamundí solo hay una vía de entrada y salida”, dice Gómez.

En el caso de los funcionarios del Inpec, el temor lo avalan las cifras. En el 2024 fueron reportadas oficialmente 375 amenazas y el asesinato de 10 funcionarios. Una cifra que dobla las amenazas del 2023 y triplica las denuncias del 2022.

Proteger a los guardianes

La situación de seguridad de los guardianes del Inpec ha sido una preocupación constante de la Defensoría del Pueblo a raíz de los múltiples ataques y atentados de los que han sido víctimas estos funcionarios en diferentes lugares del país.

Entre ellos el ataque registrado en el mes de octubre pasado en la vía Panamericana, que conduce de Cali a Popayán, donde fueron asesinadas tres personas, incluidos un inspector y un dragoneante, y fueron rescatados del vehículo volteado sobre la vía otras seis personas heridas, entre ellas tres funcionarias del Inpec.

Tras el hecho, la Defensoría del Pueblo señaló que el cuerpo de guardianes es también “víctima del estado de cosas inconstitucional en las cárceles y penitenciarías del país, por lo que resulta intolerable que, además de las cruentas condiciones de trabajo que deben afrontar, tengan que verse sometidos al accionar de las estructuras armadas al margen de la ley”. “Los atentados de los que han sido objeto, particularmente este año, dan cuenta de una creciente violencia que lamentablemente ha costado vidas y afectado gravemente su misionalidad”.

“La respuesta de la Dirección Nacional es condenarnos al encierro. Que no estemos en lugares públicos, que restrinjamos salidas con nuestros hijos. Ante la falta de acción de los jerarcas, lo que nos sugieren es vivir encerrados”, aseguró el funcionario en Cali.

No obstante, es la medida que han adoptado muchos ante el temor de que en algún momento su vida quede reducida a un simple mensaje de presión de una organización criminal al Gobierno Nacional.

“Nosotros prestamos un servicio; no hacemos parte del conflicto”

Ante la andanada de ataques y amenazas de los últimos años de organizaciones armadas ilegales y bandas criminales, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) ha lanzado una campaña pedagógica con el propósito de que la comunidad interiorice que los funcionarios del sistema carcelario en Colombia no son actores del conflicto armado que afecta al país.

“Lo que queremos demostrarle a la opinión pública es que nosotros somos un territorio de paz, las cárceles en Colombia son unos territorios de paz y esa campaña la estamos lanzando a nivel nacional. Estamos haciendo carteles en los que les decimos a la población que nosotros no hacemos parte del conflicto”, explica Ever Oswaldo Gómez, vicepresidente seccional Jamundí del Seup.

Parte de los mensajes que están enviando a la comunidad en general es que las decisiones en materia carcelaria las toma el Gobierno Nacional y que los funcionarios del Inpec no están directamente implicados en ellas.

“Eso es importante dejarlo en claro porque nos han cogido a nosotros como herramientas de presión para esta situación de las organizaciones delincuenciales. Lo que queremos es que no nos vean así porque nuestra labor principal es la labor de la resocialización, de reinserción de los privados de la libertad, que vuelvan a ser partícipes para la sociedad y eso activamente lo hacemos en todos los establecimientos penitenciarios del país”, explica Gómez.

Pese a que el temor ha llevado a que algunos integrantes el Inpec hayan pensado en la posibilidad de renunciar, la unidad y el trabajo en equipo han servido para que entre los mismos guardianes vayan haciendo frente en el día a día a la tensa situación que atraviesan y a la sensación de abandono en la que se encuentran.

Sobre todo porque son los guardianes los encargados del orden interno y por ende los obstáculos que encuentran los grupos armados ilegales en su esfuerzo por ejercer control en los diferentes patios el interior de las cárceles para intentar generar recursos a través de economías criminales.