Reformas sociales: ¿hay un bloqueo legislativo en el Congreso?

Las principales reformas impulsadas por el Gobierno Nacional como la de salud, la tributaria y la de jurisdicción agraria avanzan a paso lento en el Congreso de la República, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si hay un bloqueo legislativo.

Sin embargo, distintas voces del Legislativo y la academia plantean que este panorama responde a factores institucionales, políticos, electorales y técnicos propios del momento que atraviesa el país.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el actual periodo de sesiones coincide con el inicio de la precampaña que terminará con la elección de Congreso y Presidente de la República, lo que, para muchos, modifica las prioridades de los partidos y ajusta los tiempos disponibles para los debates.

A esto se suma la dinámica propia del último año de legislatura, en el cual históricamente se reduce la capacidad del Legislativo para tramitar iniciativas complejas o polémicas.

Así lo refiere, por ejemplo, Argemiro Piñeros, periodista político, quien señala que “tradicionalmente, el último año es el más difícil para que cualquier Gobierno pueda tramitar sus proyectos”.

En este contexto, el Congreso debe equilibrar su agenda entre las iniciativas propuestas por el Ejecutivo, las de los parlamentarios y otras prioridades institucionales, como la aprobación del Presupuesto General de la Nación, que suele ocupar gran parte de la agenda entre los meses de agosto y octubre.

“Los proyectos que no se aprueben de aquí al 16 de diciembre, o en sesiones extraordinarias, tendrán pocas posibilidades de avanzar, porque el Congreso entra en actividad electoral”, sostiene Piñeros.

De manera que esa combinación de campaña política y variación en las mayorías legislativas afectará el avance de las reformas que requieren consensos amplios, tiempos prolongados de discusión o ajustes en su contenido.

Con respecto a la reforma tributaria, la senadora Angélica Lozano, integrante de la Comisión Cuarta de Presupuesto de esa corporación, sostiene que la situación no corresponde a un bloqueo legislativo, sino a la ausencia de condiciones políticas para una discusión amplia. “No hay bloqueo sobre la tributaria. Lo que ocurre es que no hay ambiente”, puntualizó.

La congresista explica que la discusión del Presupuesto General de la Nación antecedía obligatoriamente cualquier debate sobre la tributaria y que las condiciones políticas aún no permiten abrir un proceso amplio sobre un proyecto que afecta a distintos sectores económicos del país.

Para el Gobierno, la tributaria es clave, porque le daría a la Nación $ 16 billones en 2026. Por su parte, la reforma a la salud, aprobada inicialmente en la Cámara de Representantes, se encuentra en una etapa crítica, pues no avanza en la Comisión Séptima, pese al mensaje de urgencia de la Casa de Nariño.

Piñeros indica que, aunque el proyecto tiene seis meses más para ser discutido, su ritmo es lento: “Está detenida y su avance dependerá de las prioridades que establezca el Senado una vez se reinicien las sesiones el próximo año”.

Esta iniciativa ha sido objeto de discusiones técnicas y políticas relacionadas con su implementación, el rol de las EPS, la distribución territorial de competencias y la sostenibilidad financiera del sistema.

Su avance dependerá de la priorización que se defina en el Senado, pero también de los acuerdos que el Ejecutivo logre promover entre las bancadas cuando se reanuden las sesiones ordinarias.

La jurisdicción agraria, por su parte, ha avanzado en la Cámara de Representantes, pero todavía debe ser debatida en el Senado. Este proyecto busca crear una jurisdicción especializada para resolver conflictos rurales y establecer claridad sobre la propiedad de la tierra, un tema históricamente sensible en Colombia, dado que tiene que ver con la propiedad de la tierra.

Debido a su alcance, la iniciativa requiere consensos amplios y debates extensos, por lo que varios legisladores anotan que su trámite podría trasladarse al próximo periodo legislativo.

Enrique Serrano, analista político, sostiene que los proyectos de ley deben ajustarse a las condiciones puntuales del país: “Son proyectos que no responden plenamente a las condiciones actuales de Colombia”.

Considera igualmente que, en algunos casos, las objeciones planteadas por legisladores y distintos sectores se relacionan con aspectos técnicos, estructurales o de implementación, lo que contribuye a que las iniciativas requieran más tiempo de discusión o ajustes.

Otro elemento señalado por expertos es la relación entre el capital político del Gobierno de Gustavo Petro y la posición de los partidos en el Congreso.

Sergio Guzmán, analista político, indica que el avance de los proyectos depende, en gran parte, del respaldo político que tenga el Ejecutivo. “Uno de los elementos de gobernabilidad es el capital político, y este se ajusta de acuerdo con las prioridades electorales de los partidos”, afirmó.

Según el especialista, la cercanía del ciclo electoral influye en las decisiones de los congresistas, independientemente del proyecto que se esté discutiendo. Desde esta perspectiva, el comportamiento legislativo actual responde tanto a las prioridades de la Casa de Nariño como a las dinámicas internas de los grupos políticos.

El senador Carlos Fernando Motoa afirma que el Legislativo ha aprobado proyectos importantes propuestos por el actual Gobierno Nacional. Recuerda, por ejemplo, el aval de la primera reforma tributaria, la reforma pensional, la jurisdicción agraria en primer debate y la reforma al sistema de participaciones.

Una interpretación adicional proviene del analista político Álvaro Benedetti, quien comenta que las mayorías legislativas han mostrado variaciones a lo largo del periodo.

En su opinión, el avance de las llamadas reformas sociales refleja la necesidad de consolidar coaliciones estables. “El estancamiento evidencia la ausencia de una coalición sólida”, afirma.

También destaca que varias iniciativas han sido objeto de observaciones relacionadas con su soporte fiscal y administrativo y, según su análisis, esos factores han prolongado los tiempos de estudio y han llevado a los partidos con asiento en el Capitolio a solicitar ajustes adicionales.

Lo que dice el oficialismo

Pero otra cosa piensan los congresistas afines al Ejecutivo liderado por el presidente Gustavo Petro.

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Valle, por ejemplo, asegura que “es evidente el bloqueo político de sectores del Congreso contra la agenda legislativa impulsada por el Gobierno. Pero más que contra el Gobierno, es en contra de los campesinos del país”.

Argumenta que la jurisdicción agraria no ha sido discutida a fondo y que esta situación afecta a poblaciones rurales que han enfrentado conflictos relacionados con la tierra.

Asimismo, afirma que mantener la normatividad actual “favorece a sectores que terminan apropiándose de tierras que pertenecían a comunidades campesinas”.

Sobre la reforma a la salud, señala que, pese a la solicitud de insistencia del Gobierno, el proyecto no ha avanzado por “cálculos políticos” y sostiene que ciertos sectores buscan evitar cambios en el sistema de salud que afectarían los intereses de posibles actores institucionales.

Para el politólogo Alejandro Echeverry, lo que ocurre en el Congreso no puede interpretarse únicamente como un bloqueo: “Es más una tendencia normal del último año de gobierno”. Para él, los legisladores entran en modo campaña y evitan respaldar proyectos que puedan generar costos electorales.

También señala que la falta de consensos ha afectado específicamente la reforma a la salud. “Nunca se han podido establecer negociaciones claras en las cuales se concilien los intereses en juego”, afirma.

Y añade que la relación entre el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso ha sido poco fluida, lo que ha contribuido al ritmo actual de las reformas.

De su lado, el politólogo Eduardo Llano considera que algunos proyectos de ley podrían avanzar, mientras que otros enfrentarán mayores dificultades.

“La jurisdicción agraria podría destrabarse por mayor consenso, mientras que la reforma a la salud es la más vulnerable a hundirse o quedar desfigurada”, conceptúa.

En este escenario, los tiempos disponibles tanto en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la capacidad de alcanzar acuerdos por parte de la Casa de Nariño y la reorganización de las fuerzas políticas definirán si estas reformas continúan su trámite o deberán esperar un nuevo periodo legislativo.