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GOBIERNO NACIONAL

Las fuertes críticas del representante Víctor Manuel Salcedo a la Ministra de Salud por la reforma

El representante Víctor Manuel Salcedo dice que es Gustavo Petro quien debe decidir la permanencia de Carolina Corcho en el cargo.

30 de marzo de 2023 Por: Por Olga Lucía Criollo, editora de poder 
Víctor Manuel Salcedo | Foto: Foto: Suministrada por Víctor Manuel Salcedo

Nosotros tenemos una postura crítica, constructiva y así vamos a seguir. Esperamos que el Gobierno lo entienda. Esa es la democracia. No somos bancada de Gobierno para ser comité de aplausos, tenemos la obligación de expresarle al Gobierno lo que consideramos inconveniente”.
Así responde el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo a la pregunta de si el Partido de la U está pensando en retirarse de la coalición oficialista tras los tropiezos que han tenido con el Ejecutivo por cuenta de la reforma a la salud.

Eso sí, considera que el equipo técnico del Ministerio de Salud y la titular del mismo, Carolina Corcho, “no quieren llevar al papel los aspectos que se han conversado con el presidente Petro, porque hay un radicalismo y, en esas condiciones, será muy difícil un acuerdo”.

El País: ¿Por qué los partidos de la U y Conservador terminaron por apartarse también de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno?

Víctor Manuel Salcedo (V.S.): Como partido, hemos sostenido reuniones con el Presidente, donde hemos dejado claro en qué nos identificamos con el proyecto de ley del Gobierno y cuáles aspectos creemos que son vitales a la hora de pensar en una reforma a la salud. Y hemos tratado de llegar a unos acuerdos en una conversación con el Presidente, donde ha estado presente la Ministra y en la última estuvieron los ponentes. Allí se han dejado claros varios aspectos para llevarlos al texto de la ponencia. Infortunamente, en dos ocasiones hemos visto que en la redacción no está lo acortado de manera verbal en el Palacio de Nariño, y así es imposible acompañar la ponencia del Gobierno.

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El País: ¿Qué fue lo que ustedes y los conservadores acordaron con el Presidente el lunes y no fue incorporado en la ponencia que les mostraron dos días después?

V.S.: Los problemas de disponibilidad, oportunidad, claridad e integralidad en la prestación de servicios no se resuelven en ese articulado. Los usuarios, como núcleo esencial del derecho a la salud, no tienen la posibilidad de una libre elección. Aceptamos que el Gobierno tuviera a bien pasar al sistema mixto de aseguramiento, que se pueda escoger entre ir a un privado o un público, pero resulta que hay un favorecimiento por el público y no entendemos cómo puede haber una libre escogencia que no está reflejada en el texto.

Lo otro: los organismos de dirección, incluida la Adress, centralizan el manejo de la salud y se convierten en organizadores de la red, pagadores, auditores y aseguradores, y eso necesita una burocracia adonde puede terminar yéndose la plata de la atención. Hemos planteado que hay que entregarle algunas de esas responsabilidades a las gestoras de salud y vida, porque tenemos que aprovechar su experiencia, pero quieren manejar todo para crear una burocracia, y así es muy difícil.

El País: ¿Y hay más diferencias?

V.S.: La organización de los servicios se plantea como una división entre los CAB y los servicios de medicina y alta complejidad, lo que conlleva a no tener las redes integradas de servicios de salud. Eso atenta contra la atención continua de las personas. Se plantea la organización de redes sin tener en cuenta las aseguradoras y los centros de atención básica, que son la puerta de entrada de los usuarios. Necesitan fortalecerse para ser más resolutivos, pero les asignan funciones de caracterización poblacional, oficinas de referencia y contrarreferencia, de pagos de prestaciones económicas, de licencias de maternidad e incapacidades: serán pequeñas aseguradoras. ¿Cómo van a cumplir tantas tareas?
Igualmente, se plantean para los hospitales presupuestos fijos por el Ministerio de Salud: les van a pasar plata a los hospitales sin necesidad de facturar, lo que puede fomentar el derroche de los recursos y no garantiza que se vayan a la atención. Y que las aseguradoras recibieran un fijo del 5 % y un 3 % adicional de acuerdo a indicadores de resultados y calidad, pero la ponencia dice que se le pagará hasta el 5 % por el funcionamiento. Me explico: si a las gestoras de salud y vida hoy el Gobierno determina que solo les va a trasladar el 1 %, pues las quiebra, y la Adress presenta debilidades en sus funciones, así que sería dudoso que pueda asumir todas las funciones que le están asignando en la ponencia.

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El País: ¿Pero cuál es la explicación que ustedes encuentran para que acuerdos no se hayan incluido en la ponencia, si ya habían sido convenidos con el presidente Petro?

M.S.: Imagino que si el Presidente se ha reunido con las bancadas en varias oportunidades es porque quiere llegar a un acuerdo, pero es que las reformas no se imponen. Este modelo hay que buscar mejorarlo. Con el Gobierno nos identificamos en que hay que fortalecer la atención primaria y acabar con la posición dominante de las EPS en el manejo de unos recursos que son públicos y en acabar con la integración vertical en la mediana y alta complejidad, porque en la atención primaria será necesaria para garantizar la atención. Consideramos que el equipo técnico y la Ministra no quieren llevar al papel esos aspectos porque hay un radicalismo y, en esas condiciones, será muy difícil un acuerdo.

El País: ¿Cree que después de las decisiones tomadas, primero por el Partido Liberal, y ahora por ustedes y los conservadores, la ministra Corcho debe salir del cargo?

V.S.: Esa es una decisión del Presidente, pero después de todo este recorrido, la Ministra ni siquiera a sus compañeros los ha convencido de las bondades de la reforma. Todos sabemos que Alejandro Gaviria, que es una autoridad en el tema, salió del Gobierno por expresar sus diferencias frente a ella y que, al interior del Gobierno, el Ministro de Hacienda, el Director de Planeación y la ministra de Agricultura, Cecilia López, que fue presidenta del Seguro Social, también mostraron sus diferencias en un documento. Entonces, no es una posición terca de los partidos. Si usted entrevista a asociaciones de usuarios y de hospitales o a las EPS agremiadas entenderá que aquí hay una posición radical y hay una combinación que le está haciendo mucho daño al proyecto del Gobierno: se le entregó la confianza del mismo a dos radicales, a Carolina Corcho y su equipo, y a Alfredo Mondragón, coordinador de ponentes.

El País: Entonces, cree que, por el bien de la reforma, ella debería dar un paso al costado o, al menos, dejar esa radicalización de la que usted habla... 

V.S.: Uno no puede cambiarle a la gente lo que lleva por dentro. Esa es una decisión del Presidente, pero si él ha mantenido la Ministra por encima de todas las circunstancias planteadas, uno entenderá que ella estará haciendo lo que el Presidente quiere.

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El País: Como están las cosas, ¿sí hay votos suficientes para que la reforma del Gobierno sea aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara?

V.S.: Aventurarse a dar un concepto sobre eso es difícil, porque ya hay versiones periodísticas de que la estrategia del Gobierno será saltarse a los directores de los partidos e ir al graneo. Pero haciendo referencia a cómo están hoy planteadas las cosas, en la Comisión Séptima la ponencia del Gobierno no tendría cómo pasar.

Pero también podría pensar que si el Gobierno revisa las ponencias alternativas que han anunciado los partidos y logra un acuerdo, podría salvar la reforma, porque aquí no hay tampoco posiciones extremas.
Todavía hay mucho camino por recorrer cuando ni siquiera se ha iniciado el debate en la Comisión Séptima. Queríamos llegar con una ponencia que recogiera el sentir de todos los que hacemos parte de la bancada del Gobierno: el Partido Liberal, el Conservador, la U y el Pacto Histórico, pero no se ha logrado. Y la obligación de los congresistas es, ante la acumulación de proyectos luego de que en las sesiones extraordinarias no se discutiera la reforma como el Gobierno pensaba pero no le dieron los tiempos, tener en cuenta, como lo hemos hecho en las reuniones del equipo técnico del partido, los proyectos presentados por los pacientes y por los otros partidos.

El País: ¿Está en riesgo la permanencia del Partido de la U en la coalición?

V.M.: Esa es una decisión del Presidente. Yo creo que tiene que haber respeto por la independencia. Si bien somos bancada de Gobierno, también tenemos un sentido crítico, una postura de acompañar lo que consideramos conveniente y expresar las diferencias en lo que no. El Gobierno ha sido notificado, no ahora con la reforma a la salud, sino desde que iniciamos la relación. Con la reforma tributaria, le llevamos un documento al Presidente en el que le dijimos qué considerábamos importante y qué inconveniente.

El País: ¿O sea que el partido no ha considerado la idea de ubicarse como independiente o en oposición?

V.S.: No, nosotros tenemos una postura crítica, constructiva, y vamos a seguir. Esperamos que el Gobierno lo entienda. Esa es la democracia: no somos bancada de Gobierno para ser comité de aplausos, tenemos la obligación de expresarle al Gobierno lo que consideramos inconveniente.

El País: Y volviendo a la reforma, ¿Cómo quedan los tiempos para que logre ser aprobada?

V.S.: Todo dependerá de la discusión de las ponencias en la Comisión Séptima. No por falta de voluntad del Legislativo, sino porque los textos no fueron presentados como se anunció, las sesiones extras se perdieron para la reforma a la salud, y hoy es una discusión que todavía no inicia allí. Apenas estamos agotando las audiencias públicas aprobadas. En mi caso, he ido a dos, pero se han hecho audiencias en Yopal, Ibagué, Barranquilla, Cúcuta, San José de Guaviare y ayer en Arauca. También hay que decir que el Gobierno tendrá que revisar la metodología, porque el miércoles no solamente hubo un incidente con la reforma a la salud: la Ministra de Trabajo fue a socializar la reforma laboral a la Comisión Séptima de la Cámara y solo asistimos 3 de 21 representantes. Eso lo que denota es que ni siquiera el presidente de la Comisión, que fue él citante, asiste a la socialización de un proyecto de ley donde el Gobierno ha mostrado intereses y del que también tenemos diferencias.

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