La agenda legislativa del presidente Petro está enredada; conozca las razones

El 20 de julio del 2022 la instalación del actual Congreso arrancó con una coalición que pocas veces se había visto, no por la cantidad de congresistas, sino por la diversidad de su conformación, por cuanto a la misma llegaron tres de los cinco partidos tradicionales de la derecha para acompañar al primer gobierno de izquierda en Colombia.

Con la llegada del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto, la dinámica del legislativo era clara: empezar a tramitar y aprobar la avalancha de proyectos que empezó a llevar el nuevo gobierno. Esas primeras iniciativas de cambio respaldadas por el Congreso no pudieron ser mejores. En lo económico, Petro recibió el espaldarazo a la reforma tributaria que le garantizaba más de 20 billones de pesos y al presupuesto de las regalías.

En lo político también recibió el aval de la base jurídico-política que tiene para la Paz Total, la prórroga de la ley 418 o de orden público que permite dialogar con los ilegales y en donde, entre otras, se incorporaron las figuras de los diálogos regionales, la posibilidad de hablar no solo con guerrilla, sino también con los grupos de narcotraficantes.

El mes de diciembre además le dejó un resultado transitorio bueno al Mandatario en cuanto a las reformas constitucionales. La principal que radicó, la política, tuvo sus primeros cuatro debates, pero empezó a tener complicaciones por asuntos como la posibilidad de que los congresistas fueran ministros o las listas cerradas.

Avanzó igualmente el acto legislativo que otorgaba un tratamiento especial a los campesinos en la Constitución Política, como también la enmienda que crea una sala jurisdiccional para los asuntos agrarios rurales, es decir, para solucionar los procesos judiciales de tierras.

En marzo, con el despegue de las sesiones, muy rápido se hundió la reforma política, la misma terminó con igual o más ‘micos’ que las reformas presentadas en otros gobiernos y que eran criticadas por la entonces oposición de la izquierda que hoy es el Ejecutivo.

Los otros dos actos legislativos, campesinos y la sala para asuntos agrarios, al cierre de las sesiones ordinarias se convirtieron en realidad, lo cual le permite al Jefe de Estado seguir cumpliendo los acuerdos de Paz con las Farc, a la vez que sacar adelante dos banderas de campaña.

Aunque no fue parte de la agenda de proyectos del Gobierno, se le apostó al acto legislativo de permitir la venta abierta del cannabis. El proyecto está en su último debate, el octavo, en la plenaria del Senado, pero solo será hasta mañana que se pueda saber si se hunde o se salva.

En esta segunda parte de la legislatura no hay duda de que la Administración se la jugó para tramitar las grandes reformas sociales, salud, pensional y laboral, que se tomaron varios meses en discusión por fuera del Congreso y solo hasta mayo entraron a las comisiones séptimas de Senado y Cámara, que fue en donde se discutieron.

Con mucho esfuerzo y gran controversia, el Ejecutivo logró que esas iniciativas tuvieran su primer estudio formal. La de salud se quedó estancada en la plenaria de la Cámara en su segundo debate; la pensional tuvo su aval en la Séptima del Senado, mientras que la laboral está pendiente hasta último momento, el martes 20 de junio, para saber si es aprobada en el primero de sus cuatro debates.

Las reformas sociales, además, dejaron a Gustavo Petro consecuencias políticas como el rompimiento de la coalición con la salida de los partidos Conservador y de la U, que se declararon ahora en condición de independientes y ya no de Gobierno, como lo estaban desde agosto pasado.

El único de los tradicionales que se mantiene, por el momento, es el Partido Liberal, el cual apoya la Administración Petro, pero se aparta del trámite de la reforma a la salud, tal vez la joya de la corona para el Gobierno.

En el cierre de la legislatura, el Presidente también logró que se le aprobara la adición presupuestal por casi 17 billones de pesos.

Hundidos quedaron dos proyectos de ley que fueron tramitados con especial interés. Uno fue el de humanización carcelaria, con el cual le apostaban a la excarcelación de miles de condenados con el objetivo de lograr su resocialización, así como la modificación penal de muchos delitos para reducir el tiempo de la pena.

La otra iniciativa fue la ley de sometimiento, la base jurídica que quiso tramitar el Ejecutivo para dar las condiciones con las cuales se buscaría que los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o de los mismos narcotraficantes se entregaran.

Fue un año atípico en el Congreso para el Gobierno Petro, con unos resultados que no se esperaba que fueran tan pobres, aunque desde la visión oficial lo logrado no es tan malo.

Con información de Colprensa.