Magistrado Vladimir Fernández se negó a firmar auto para subsanar la reforma pensional: ¿qué hay detrás?

El magistrado Vladimir Fernández, quien fue secretario jurídico de la Presidencia durante los primeros meses del mandato de Gustavo Petro, se ha convertido en uno de los obstáculos en el avance del trámite judicial de la reforma pensional.

SEMANA reveló que Fernández se ha negado a firmar el auto con el que la Corte Constitucional ordena subsanar el vicio de trámite que afectó la aprobación de la norma en el Congreso.

La negativa de Fernández ha generado sorpresa, especialmente porque en otras decisiones ha respaldado posiciones favorables al Gobierno.

Fue, por ejemplo, el ponente de la decisión que suspendió la investigación del Consejo Nacional Electoral contra el presidente Petro por la presunta financiación irregular de su campaña de 2022.

Sin embargo, en esta ocasión se apartó de la línea del Ejecutivo y, junto a los magistrados Natalia Ángel Cabo y Miguel Efraín Polo, ha frenado la expedición del Auto 841, aprobado en Sala Plena el pasado 17 de junio.

El argumento de los tres togados es que el texto final del auto no refleja con exactitud lo acordado por la Corte en esa sesión, por lo que decidieron no estampar su firma.

Esta decisión ha dejado congelado el proceso, pues mientras el documento no esté completo, no puede ser notificado oficialmente a la Cámara de Representantes, que debe corregir los errores detectados durante la aprobación de la reforma.

Este bloqueo ha profundizado la tensión entre la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional. La situación escaló luego de que el presidente Petro sugiriera que el alto tribunal estaría ejecutando una estrategia para “hundir” la reforma pensional.

En el evento público del 11 de julio, el mandatario aseguró que “quieren que se quemen unos días” deliberadamente para impedir que el magistrado más recientemente elegido se posesione.

En respuesta, el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, negó rotundamente que exista un complot contra la reforma y aclaró que el auto del 17 de junio no ha podido salir, precisamente, por la falta de tres firmas.

En el comunicado, la Corte indicó que Ibáñez “desmiente estar detrás de alguna estrategia para hundir la reforma pensional”.

Además del freno interno en la Corte, el proceso enfrenta otro obstáculo: la Cámara de Representantes aún no ha enviado el informe que detalla cómo subsanó el trámite cuestionado, tras haber sido convocada a sesiones extraordinarias el pasado 28 de junio.

La próxima Sala Plena de la Corte Constitucional está prevista para el 23 de julio. Allí se evaluará si la reforma fue correctamente subsanada y si el auto puede finalmente ser expedido.